La expulsión de España de otro inmigrante uruguayo por carecer de permiso de residencia no debería resultar extraño en el marco de la ley de extranjería. 

No es el primero aunque desearíamos fuera el último de una lista que no debería haberse producido. Una esperanza que a esta altura de los sucesos parece bastante utópica.  

El Gobierno de España agota objeciones ante el persistente reclamo uruguayo por el cumplimiento de los términos establecidos en el Tratado de 1870 entre ambas naciones.  

Varios legisladores y políticos uruguayos se han mantenido alerta y realizado un trabajo –algunas veces silencioso, otras en voz alta- de concienciación de congresistas y autoridades partidarias de España de que los uruguayos solamente piden lo que por Derecho Internacional les pertenece.   

El 21 de diciembre pasado Jesús López-Medel del Partido Popular presentó ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España una ponencia que dio paso, por enorme mayoría, a la recomendación de la creación de una Comisión que, integrada por los Cancilleres de ambos países, diera respuesta en un plazo máximo de cuatro meses, a la controversia que mantienen los dos países. 

Ha pasado ya un mes de los cuatro estipulados y no hay ni Comisión ni interés manifiesto por parte del gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero de reconocer los derechos de los uruguayos en España; tampoco conocemos una ostensible insistencia de parte de las autoridades competentes uruguayas, en forzar la discusión del tema.  

ENTREVISTA AL DIPUTADO JAIME TROBO^*1

sobre el Tratado de Paz, Amistad y Cooperación firmado entre la República O. del Uruguay y el Reino de España en 1870 

- La masiva emigración de uruguayos hacia España y las restricciones impuestas por los gobiernos de este país ha hecho resurgir un Tratado Internacional que por décadas estuvo, como suele decirse, en el fondo de los cajones. ¿Cuándo tomó usted, Diputado Trobo, la bandera en este asunto y porqué? 

- No creo que se pueda afirmar que estuvo en el fondo de los cajones, por lo menos no lo estuvo nunca para Uruguay que lo ha cumplido a rajatabla desde su firma en el S. XIX. Las cláusulas referidas a los inmigrantes y sus derechos en el momento de la firma favorecían más a España que a Uruguay. En aquella época 1870 en realidad lo que se pretendía con las disposiciones del art. 8 es que Uruguay respetara los derechos de los españoles, que no fuera para ellos dificultoso adquirir la condición de residentes aún cuando habían llegado como colonizadores o como súbditos de la potencia dominante. En aquel momento pocos o ningún uruguayo pretendían radicarse en España, esta era la tierra de promisión, no aquella. Luego durante el S. XX el Tratado se aplicó como no podía ser de otra manera a todos quienes llegaban desde España a nuestras tierras, vinieran ‘expulsados de su madre patria’ por razones económicas, políticas, o las que fuera. Así muchas familias uruguayas tenemos el orgullo de descender de antepasados españoles.

Cuando España, mucho mas preocupada por su condición de país europeo que por la de contraparte de un acuerdo internacional plenamente vigente, recurre a una interpretación inadecuada y lesiva al interés de Uruguay sobre la aplicación de un Tratado firmado en 1992, que según los burócratas derogaron las disposiciones del de 1870, nos surge la preocupación que compartimos con muchos compatriotas, que por cierto ha tenido y tiene el Gobierno de Uruguay, de hacer todos  los esfuerzos para derribar este injusto obstáculo que se parece mucho mas a una ¨chicana¨ jurídica que a una interpretación amistosa y que se corresponda con la tradición.

Conocer esta situación me sensibilizó y empecé a trabajar duro hace mas de tres años; convocamos a la Cancillería al Parlamento, presentamos iniciativas en la Cámara de Diputados atinentes al tema, contribuimos con contactos informales a despertar interés en el tema en España mismo y como ‘tanto va el cántaro al agua que al final se rompe’, logramos que coincidieran varias circunstancias y que madurara la aprobación de una expresión política plural en el Parlamento español en línea con la preocupación uruguaya. Lo hemos hecho con mucho gusto, en silencio muchas veces pero con tenacidad. 

- Antes de continuar con nuestra conversación me interesa saber si usted considera que Uruguay ha cumplido el Tratado cuando le tocó ocupar en forma prioritaria el papel de país receptor. 

- Lo ha cumplido y lo digo con satisfacción y orgullo a través de toda la larga historia de este Tratado, no solo porque una de las características de nuestro País es el cumplimiento de sus obligaciones, sino porque la defensa de las patrias chicas es el derecho y especialmente el derecho internacional, si así no fuera nos sería muy difícil existir. Pero además si uno analiza la historia de la emigración española hacia nuestro Uruguay, se encontrará con innumerables demostraciones que esto ha sido así. Usted sabe que Uruguay es el único país de Latinoamérica que no puso cuotas ni condiciones de capacitación al ingreso de inmigrantes europeos ni españoles en su historia. Mientras tanto otros países, inclusive los EEUU lo hicieron, también lo hizo Brasil, Argentina, Venezuela, etc. 

- En el transcurso de una entrevista, autoridades españolas me dijeron que cumplir los Tratados sería como abrir la puerta, refiriéndose a los distintos Tratados que España ha firmado con países americanos y dando a entender que el gobierno español descartaba el cumplirlos. ¿Puede un país – y esta pregunta no la hago refiriéndome a ninguno en concreto – dentro de la legislación internacional, dejar de cumplir un Tratado sin que surjan sanciones de algún tipo? 

- El Tratado de 1870 con Uruguay, no tiene similares en otros firmados en aquella época por España con otro país de América. Es un caso excepcional y como tal debe encararlo el Gobierno y la Administración española, pero además la base de la amistad es la confianza y no creo yo que razonablemente un gobernante español del sector político que sea pueda arriesgarse a dejar de cumplir deliberadamente un Tratado que nuestro país ha cumplido escrupulosamente, porque ello suponga ‘abrir una puerta’, la nuestra estuvo abierta años y lo sigue estando con infinitas menos posibilidades que las que tiene la España de hoy, a la que le admiramos el desarrollo y la capacidad de crecer como gran país.

- En relación al Tratado de 1870 entre Uruguay y España, este último país aduce que los firmados posteriormente con la Unión Europea lo anularía; sin embargo la legislación europea descarta tal hecho al respetar los acuerdos entre los países miembros y terceros, anteriores a la firma del Tratado de Schengen ¿porqué Uruguay no reclama que España se ajuste a la verdad cuando aduce que por pertenecer a la UE no puede cumplir Tratados anteriores? 

- El argumento que se ha manejado insistentemente está relacionado con la derogación tácita de las cláusulas sobre derechos de los inmigrantes que operaría como consecuencia de la firma del Tratado de 1992. ¡A quien se le ocurre que Uruguay firmaría un acuerdo posterior que afectara los derechos que mantenían sus nacionales!, es una interpretación antojadiza. En otro orden la legislación europea habilita como corresponde, pues es una organización integrada por Estados que asumieron y mantienen vigentes compromisos anteriores, a mantener los efectos de los Tratados que anteriormente se hubieren firmado.

Permítame que le agregue que en decenas de sentencias en tribunales españoles se reconoce el derecho de los uruguayos a regirse por las disposiciones del Tratado de 1870, y la abogacía del Estado ha dejado de apelar las sentencias para que no lleguen al Tribunal Supremo y ha recomendado aceptar las sentencias, pues una actuación de esta entidad superior respaldando la vigencia del Tratado daría por tierra estrepitosamente con la tesis que ha desarrollado la burocracia. 

- Usted, junto al Legislador Pintado y al ex presidente Sanguineti^*2 entre otros, viene realizando un trabajo muy positivo para concienciar a los distintos partidos políticos españoles sobre este asunto ¿considera usted el resultado obtenido todo lo satisfactorio que se esperaba?  

- Dentro de las acciones que propiciamos en Uruguay, en el mes de julio redactamos y propiciamos la aprobación de una Resolución de la Cámara de Diputados en nuestro País que reclamaba respetuosamente al Parlamento Español el cumplimiento del alcance del Tratado de 1870. Fui el redactor de esa Resolución la que fue acogida favorablemente por la Comisión de Asuntos Internacionales primero y por la Cámara después y se trasmitió oficialmente a las Cortes –Congreso de los Diputados y Senado-. Pocos días después visitaron nuestro País dos diputados españoles, del Partido Popular Jesús López Medel con quien hacía ya dos años mantenía contactos informándole sobre este tema y solicitando su colaboración, y del Partido Socialista Elviro Aranda.

Asistían a un evento organizado por nuestro Parlamento, su visita fue importante y en el marco de la misma mantuvimos una reunión a la que asistí en representación del Partido Nacional, el Diputado E. Pintado del Frente Amplio y el Diputado W. Abdala del Partido Colorado. Creo que pudieron tomar nota que la preocupación era compartida por todas las fuerzas políticas de Uruguay y valía la pena prestarle atención.

Pocos días después López Medel me informaba que el Partido Popular analizaba la presentación de una proposición no de ley respaldando la posición de Uruguay, tenía el a su cargo la preparación del tema.

Con posterioridad una delegación de nuestro país presidida por la Presidente de la Cámara de Diputados asistió a la Cumbre de Parlamentarios de Iberoamérica que se realizó en Salamanca y allí, acompañada de parlamentarios de todos los partidos de Uruguay se entrevistó con Manuel Marín a quien se le expresó la posición de Uruguay. En esos días la Vicepresidente del Gobierno Español visitó Uruguay y naturalmente le fue planteado el tema por la Cancillería y en declaraciones a la prensa hizo mención a la resolución que habíamos tomado en el Parlamento.

Existía en el Congreso español una iniciativa de varios grupos parlamentarios, a saber Izquierda Unida, BNG, y otros partidos, que no conseguía ser incluida en los debates por carecer de apoyos en la Junta de Portavoces, en realidad la ponencia presentada por el Partido Popular bajo la firma de Eduardo Zaplana que fuera elaborada por López Medel fue determinante, pues acompañaba también con el peso parlamentario de este Partido amigo el interés en considerarla pronto. Y por ventura así fue, el 21 de diciembre se incluyeron las dos en el debate de la Comisión de Asuntos Exteriores que por cierto seguí  por internet con angustia y emoción.

En esos días encabezamos el desarrollo de intensas gestiones desde Uruguay y desde nuestra representación en España. Procuramos hablar con la totalidad de los miembros de la Comisión de los distintos Partidos españoles, en este trabajo desde el ExPresidente Julio María Sanguinetti, el Ministro de Turismo y Deporte Héctor Lezcano, el Diputado Pintado a quien en una reunión de Portavoces en nuestro parlamento comisionamos para que viajara a España en esos días, otros parlamentarios también tomamos contacto con quienes tenían a su cargo la decisión y realmente logramos el objetivo. Pero lo que recuerdo con mas simpatía y orgullo es lo que nos refirieron nuestros interlocutores, sobre el respeto y la consideración que tienen de Uruguay por la forma en la que recibió a los emigrantes españoles fuera la razón que fuera su salida de su madre tierra. Diputados catalanes, vascos, canarios, gallegos, asturianos, en fin de las distintas partes y Partidos de España nos hicieron enorgullecer del Uruguay. 

- La moción presentada en el Parlamento de España por el Diputado Jesús López-Medel del Partido Popular ¿Qué efecto legislativo considera usted que tiene? 

- La propuesta del Partido Popular que elaboró y llevó López Medel concluía en expresar el reconocimiento de la vigencia del Tratado y la necesidad de que la Administración española lo aplicara sin mas trámite. También concluían en ello los Partidos que habían presentado sus propias iniciativas al respecto en el mes de abril de 2005. La resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores que expresa un temperamento y posición política del Congreso sobre el tema, es el resultado de una moción transaccional que reclamó el Partido Socialista cuando estimó que estará en minoría frente a los demás partidos, y entonces surge la definitiva que establece un plazo de cuatro meses – de los que ya han corrido  30 días- para que los gobiernos de España y Uruguay en una comisión de Alto Nivel analicen un tratamiento a los emigrantes correspondiéndose con la situación especial, la jurisprudencia que insistimos respetuosamente nosotros que debía ser incluida en el texto, y la determinación de un régimen preferente para nuestros compatriotas. El enorme peso que tiene una resolución unánime surge de la lectura de las actas y significa un compromiso serio, muy serio para la actual Administración española.

No puedo dejar de tener un reconocimiento por el gran amigo de Uruguay que ha resultado ser el Diputado López Medel, realmente ha sido admirable su trabajo, su contracción a estudiar el tema, su desarrollo argumental para lograr el apoyo de su Partido nada mas ni nada menos que el segundo de España, esto lo debemos valorar mucho. 

- A partir de la intervención del diputado López-Medel surgió la recomendación de creación de una Comisión integrada por los Cancilleres de ambos países. Comisión ésta que, tengo entendido, aún no se ha reunido ni fijado pautas de trabajo y que en definitiva no hace más que reemplazar la que supuestamente debió haberse creado durante los respectivos  gobiernos anteriores y que nunca, tampoco, dio respuesta a este problema. ¿Sigue usted de cerca y qué es lo que ve, cree ver, analiza y considera sobre este particular? 

- La Comisión ya debería estar funcionando, como resultado del tradicional respeto y amistad de nuestros pueblos, por respeto de la trascendente resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Español, como consecuencia de la resolución que oportunamente tomó nuestra Cámara de Diputados, en fin por muchas razones mas, los gobiernos de ambos países ya deberían estar trabajando. 

- En las últimas semanas se ha expulsado de territorio español a otro uruguayo ¿considera usted que se está violando el periodo de negociación establecido? 

- Lamentablemente han sido dos, uno en Toledo y el otro en Ibiza. Ocurrió pocos días después de la resolución parlamentaria y es una pena que no se haya reparado en ella para actuar. No obstante, si a la Cancillería de Uruguay le faltaba una razón para ‘mover ficha’, aunque sea esta dolorosa circunstancia, debe aprovechar la ocasión para plantear a España que es necesario establecer este ámbito ya y ahora. 

-          La reiteración de sentencias favorables a uruguayos que se han acogido en España al Tratado, incluso con una del Tribunal Supremo de España, parecerían resultar de poco peso ante las autoridades de este país ¿se ha buscado sentar jurisprudencia?  

-Creo que mas arriba hice referencia a este tema. No podemos seguir esperando que el reclamante tenga dinero y tiempo para seguir un juicio para que se consagre un derecho que existe y debe ser respetado, no queda tiempo para vericuetos. Si desde la negociación diplomática sustentada en una fuerte voluntad política expresada claramente en estas horas no se llega a una salida para el reconocimiento del derecho de los uruguayos es natural que la gente sienta descreimiento en la política y los políticos, por ello debemos esforzarnos. 

- ¿Porqué no se trabaja en reclamar jurídicamente la vigencia de este Tratado? ¿Puede el Partido Nacional, si otros sectores no se sumaran a la iniciativa, impulsar por este medio el cumplimiento del Tratado. 

- El camino que estamos recorriendo, confieso que es el resultado de un impulso extraordinario, quizás no diseñado como estrategia sino como consecuencia de varios factores que se han ordenado justamente ahora. Pero aún así los resultados que hemos logrado, que son altamente auspiciosos, no pueden desaprovecharse. Hay cuestiones que corresponden formalmente a la negociación diplomática y en ello la responsabilidad la tiene el Gobierno, que en el Uruguay no corresponde a nuestro Partido, sin perjuicio de lo cual hay muestras claras que desde la oposición y en los temas de mucha importancia para el Uruguay no escatimamos esfuerzos para su solución. 

- Miles de uruguayos están pendientes de los resultados de este problema; se han manifestado interesados en vuestra visita a España y el trabajo que realizabais? 

- Hemos recibido mensajes ambivalentes. Muchos que reconocieron y reconocen el resultado parcial que hemos logrado, otros quizás con justificado escepticismo dudan que se logre un buen resultado. Veo expresiones sinceras de muchos a quienes no les importa el signo político de quienes llevamos adelante estas acciones, y veo la de algunos a quienes parece fastidiarles que alguien que no es de su partido se ocupe de estos temas y sea eficaz, pero así son las cosas, cada uno hace lo que le manda su conciencia. Nosotros estamos muy comprometidos en el tema, tanto que en la página del sector político que integramos http://www.herrerismo.com.uy/ hemos incluido una sección dedicada a informaciones sobre el tema y desde allí es posible enviar a los Diputados Españoles correos expresando adhesión a la vigencia del Tratado.

- En los acuerdos que alcancen ambos países, suponiendo que no estuvieran a la altura de las expectativas de los uruguayos ¿tiene el Parlamento uruguayo facultades para impugnarlos y dejarlos sin efecto? 

- Creo que como consecuencia de una negociación inteligente que siga el espíritu de la declaración del Congreso y la de nuestra Resolución se puede consagrar el reconocimiento del alcance del Tratado. Quizás sea con la firma de un Tratado de Doble Nacionalidad que reconozca derechos especiales a los Uruguayos como los han tenido y los tienen los Españoles en nuestro Uruguay. 

- El Tratado de 1992 firmado por los entonces presidentes Luis Alberto Lacalle y Felipe González, ratifica el de 1870. ¿Qué peso puede dársele? 

- Una interpretación rebuscada de cierta burocracia española dice lo contrario lo que es a nuestro juicio un desatino. El tratado del 92 en todo caso agrega, no deroga y minimiza los acuerdos de 1870. 

- ¿Porqué no se han constituido aún las Comisiones de trabajo conjunto fijadas por ese Tratado? 

- Espero que en estas horas se comience a trabajar en esta Comisión. 

En la última semana los diputados Jesús López-Medel y Jaime Trobo han realizado sendas solicitudes de informe en sus respectivos países.  

El Tratado plenamente vigente de 1870, no es reconocido por Extranjería de España. No hay ninguna muestra de voluntad política por parte del gobierno peninsular que haga pensar que se va a tener en cuenta la igualdad de derechos como nación más favorecida, tal lo que establece el artículo 8 del mismo.  

^*1 Jaime Trobo, diputado del Partido Nacional por Montevideo, integrante de  la lista 71 del Herrerismo.

^*2 Julio María Sanguineti, Partido Colorado, ex presidente de la República durante los periodos 1985-1990 y 1995-2000.

Enrique Pintado, diputado del Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio por Montevideo, lista Nueva Mayoría. 

Almería, en el sur del norte, a 27 de enero 2006.

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