Desde hace algo más de 135 años está vigente un Tratado Internacional conocido como Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad, firmado entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay en junio de 1870.  En el artículo 8 del mismo se establece una igualdad de derechos de los uruguayos en España o de los españoles en Uruguay, con los de la nación más favorecida. Derechos claramente establecidos,  en los que se incluyen los  derechos al trabajo, al libre ejercicio de las profesiones y oficios, ejercicio del comercio, rentas y testamentaría entre otros. 

Cuando hace cerca de cuatro años las puertas de España comenzaron a entornarse para terminar en los últimos meses intentado cerrarse a las esperanzas de miles de compatriotas uruguayos, iniciamos por distintos medios una campaña de información y denuncia. 

Existen Tratados Internacionales y Sentencias Judiciales que el actual gobierno del PSOE se recrea en pretender si no ignorar, si minimizar rebuscando inútilmente, como ha quedado demostrado por los reiterados cambios de sentido de sus inaceptables respuestas. 

Ninguna de las excusas que ha interpuesto el Ejecutivo español satisfacen a los uruguayos.  

Reiterar la historia de la afrenta que el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero está haciendo a Uruguay al demorar la creación de una Comisión de Alto Nivel *2 integrada por los Cancilleres de ambos países, que fuera recomendada por el Congreso de Diputados el 21 de diciembre pasado para la resolución amistosa del diferendo, comisión anticipada en el Tratado de 1992, no hace más que dañar la imagen de una mal entendida relación de amistad entre países democráticos.

EL PARTIDO POPULAR, ALIADO DE LAS ESPERANZAS URUGUAYAS 

El Diputado del Partido Popular español Jesús López-Medel ha realizado, primero en las filas del PP y luego a nivel parlamentario general, un intenso trabajo de concienciación a favor de los reclamos uruguayos. 

Sus respuestas a nuestros interrogantes nos permiten ubicar mejor la realidad en que se mueven las expectativas creadas.

ENTREVISTA al DIPUTADO DEL PP JESUS LÓPEZ-MEDEL

-  A la vista de este Tratado ¿en qué situación, a su entender, se encuentran los uruguayos que viven en España? 

L-M - España es un país de acogida al cual de una manera muy intensa están viniendo en estos últimos años un gran número de personas procedentes de todo el mundo, de un modo especial de América Latina y entre ellos, los uruguayos respecto los cuales, sin perjuicio de la normativa general aplicable a todos los inmigrantes, deben de ser de aplicación las normas específicas, como es el Tratado vigente de 1870 y el de 1992.  

En el año 1958, época en que los españoles emigraban por necesidades de distinto índole (económicas o políticas), el censo de los mismos en Uruguay alcanzaba aproximadamente al 1,33 por ciento de la población. Al día de hoy, cuando muchos uruguayos han buscado mejorar su situación económica en España, el porcentaje no supera el 0,15 por ciento de la población española. Por otra parte, el nivel educativo de los inmigrantes uruguayos supera con creces la media de la emigración actual y de una importante parte de la población nativa. 

- ¿Cree usted que la situación planteada es diferente? ¿Por qué?  

L-M -Aun cuando el número de uruguayos residentes en España no sea muy elevado, pues la situación social y de estabilidad de su país es afortunadamente más próspera que los nacionales de otros países de Latinoamérica, debe destacarse la especial cualificación profesional y cultural de los que vienen a España, lo cual facilita no solo su integración efectiva sino también el acceso a trabajos que tienen vinculación con los estudios realizados. 

- Antes de continuar resultaría muy interesante saber si usted considera que Uruguay ha cumplido con el Tratado de 1870 cuando le correspondía el papel de país receptor.

L-M - No me consta que por las autoridades de España hayan existido quejas en orden al cumplimiento de sus obligaciones por parte de la República uruguaya por lo que tengo que deducir que por parte de este país se han observado lo que le incumbe. Además, quiero destacar que Uruguay ha sido un país muy acogedor de los inmigrantes españoles que por razones políticas o de trabajo fueron a abrirse nuevos rumbos a su país. Así lo corroboro no solo por las informaciones que he obtenido sino también por mi constatación directa cuando en el pasado mes de julio pude, en Montevideo, poder reencontrarme con amigos que no veía hace más de veinte años y se encuentran allá muy felices y bien acogidos. 

En el mes de diciembre el Diputado López-Medel presentó en el Parlamento de España una moción solicitando el reconocimiento del Tratado de 1870, habiendo surgido del Órgano Legislativo la recomendación de formación de una Comisión que estudiara el tema dando respuesta en un plazo de 4 meses.  

- La moción presentada por usted ¿estaba firmada y/o avalada por los demás miembros del Partido Popular? 

L-M -La iniciativa parlamentaria que preparé y suscribió el portavoz de mi bancada, responde a un trabajo y a unas relaciones de más de dos años con el diputado Jaime Trobo que en este tiempo ha venido con gran constancia impulsando el tema de la plena vigencia del Tratado de 1870. Cierto es que este interés ha sido una constante por parte del Partido Nacional y también por las demás fuerzas políticas uruguayas con las que me reuní  en julio en Montevideo, pero sin el esfuerzo del diputado Trobo para trasladarnos la inquietud sobre la no aplicación correcta del Tratado, no habría sido posible que el Parlamento español impulsase una toma de postura conjunta a raíz de la iniciativa del Partido Popular como grupo mayoritario de la oposición en España.  

-  Según creo contó con unanimidad de opiniones de apoyo de legisladores de todos los partidos ¿También del Partido Socialista? 

 L-M - A la iniciativa del PP se sumó la presentada por otro grupo minoritario gallego y desde el trabajo de convencimiento que fuimos desplegando con los demás grupos de la Cámara tanto desde el PP como desde las fuerzas políticas y asociativas uruguayas, logramos un amplio consenso que, si bien no era de la radicalidad de lo que nosotros inicialmente pedíamos,  posibilitaba un acuerdo de todos y eso era muy importante. También en esta tarea de convencimiento para con otros grupos, debo destacar el amplio despliegue que desarrolló el diputado Trobo al igual que algún otro representante uruguayo incluso un ex presidente de la República como  Sanguinetti.

- ¿Sabe usted si hay alguna Comisión formada, o en vías de formación, para cumplir con la recomendación legislativa? 

L-M - Desconozco en estos momentos si el gobierno español ya ha iniciado los pasos para crear la Comisión de alto nivel a la que está obligado a constituir. En todo caso, nosotros acabamos aprobando que se reuniese en el plazo de 4 meses (a contar desde la aprobación del Acuerdo el 21 de diciembre), cuando lo cierto es que en principio el Partido Socialista no quería fijar plazo alguno, si bien luego aceptó fijarlo aunque pretendían fuera más amplio (concretamente 6 meses) 

- ¿Ha tenido información de la opinión que al respecto de este asunto existe en la Secretaría de Emigración-Inmigración de España? 

L-M - Por las conversaciones que tuve los días previos al debate parlamentario con representantes socialistas, al Ministerio de Trabajo no le gustaba nada lo que habíamos planteado desde el PP pero ahora una vez aprobado por el Parlamento español, el gobierno en bloque está obligado a actuar conforme a lo que en la Comisión de Asuntos Exteriores aprobamos. 

- ¿Estará usted integrando, siguiendo o vigilando el desarrollo de las conversaciones? 

L-M - Yo no puedo formar parte de esa comisión que es exclusivamente a nivel gubernamental y no parlamentario. No obstante, estoy siguiendo las informaciones que me llegan e intento estar pendiente para que se cumpla lo que acordamos por unanimidad en el Congreso de los diputados. 

- ¿Cree usted que esa Comisión se llegue a concretar en el plazo establecido? 

L-M - No es que crea sino que debe hacerse así. Confío que el gobierno de Zapatero cumpla, pues en otro caso sería una burla no solo a las autoridades uruguayas sino también al parlamento español que tomó dicho Acuerdo por unanimidad. 

No queremos olvidar que este tema viene arrastrándose desde muchos años atrás y muchos reclamos de uruguayos y sentencias judiciales ocurrieron durante el gobierno del Sr. Aznar, y que fue durante éste y el del Dr. Batlle que se puso sobre el tapete y se consideró oportuna la creación de una Comisión integrada por los Ministros Ana Palacio y Didier Opertti. Comisión que nunca llegó siquiera a integrarse.  

- Dentro del Partido Popular ¿hay concienciación sobre este reclamo uruguayo? 

L-M - Precisamente ha sido el Partido Popular el que presentó la iniciativa y solicitó su inmediata inclusión en el orden del día de la primera Comisión de Asuntos Exteriores, arrastrando consigo la otra iniciativa del grupo gallego. Somos conscientes que el asunto tiene una parte técnico-jurídica compleja, y así ésta primó en otro tiempo. Pero junto a ello, tiene una dimensión política que no se puede ignorar y es precisamente desde esta perspectiva como impulsamos una solución política que tiene que estar presidida por la buena voluntad y la confianza recíproca.  

La Unión Europea reconoce a los países miembros el derecho a cumplir los Tratados Internacionales que hubiesen firmado anteriormente al Tratado de Schengen; por otra parte diversas sentencias judiciales, incluida una del Tribunal Supremo han avalado el derecho de los uruguayos a vivir y trabajar en España, no obstante esto, un número importante de uruguayos ha sido expulsado aduciendo el cumplimiento de la Ley de Extranjería.  

- Teniendo en cuenta que  los países deben acatar los Tratados internacionales aún por encima de sus leyes  internas ¿Cree usted que España está obligada a reconocer el Tratado de 1870 y su plena vigencia?, ¿En qué situación se encuentra al no hacerlo? 

L-M - Para nosotros, el Tratado de 1870 está vigente y no ha sido denunciado por lo cual, con un status jurídico muy relevante desde un punto de vista de jerarquía normativa según dispone la Constitución española, forma parte del derecho español aplicable.  

- ¿Cuántas veces más deberá fallar un Tribunal para que las sentencias se conviertan en Ley de Obligado Cumplimiento. 

L- M -El sistema requiere que quien considere que la Administración no ha actuado correctamente puede acudir a los tribunales y la decisión de éstos solo se le aplicaría, en principio, a ese recurrente. No obstante, cuando las sentencias son reiteradas en un mismo sentido, la Administración puede y debe acomodar su criterio a lo resuelto reiteradamente por los Tribunales, cosa que en este caso no se ha hecho pues la Administración ha seguido ofuscada en una interpretación excesivamente rigurosa y que los tribunales han desestimado en muy diversas ocasiones. Además llama la atención que a pesar de que las sentencias le son desfavorables, el Abogado del Estado no recurre al Tribunal Supremo pues si éste tuviera la oportunidad de ratificar la doctrina emanada de los Tribunales Superiores de Justicia en las Comunidades Autónomas, su criterio sería de especial contundencia y valor al tratarse del máximo órgano jurisdiccional en España. Al no recurrirse, se está intentando evitar esto. 

- Varios uruguayos han sido expulsados después que el PP  presentara la moción, aprobada en el Parlamento Español, instando al Gobierno a dar respuesta satisfactoria a la situación de los emigrantes uruguayos. Solamente queremos saber que opinión le merece ese acto. 

L-M -Mi actuación en el asunto del tratado de 1870 no ha sido solo presentar la iniciativa en nombre del PP y conseguir que se aprobara sino que he seguido pendiente de modo que cuando me ha llegado la información acerca de las recientes expulsiones he interpelado  reglamentariamente al gobierno de España para conocer si en esas expulsiones se ha tenido en cuenta lo acordado recientemente por el Congreso acerca de la Comisión que ha de constituirse y resolver este asunto aplicando la regla de la condición más beneficiosa. He de confesar que me inquieta que el gobierno haya retomado interés en volver a expulsar a uruguayos después de lo aprobado por el Congreso el 21 de diciembre en lugar de demorar esas expulsiones hasta que en breve plazo esa Comisión de ambos países aborde el asunto y aporte una solución no solo definitiva sino también razonable. 

-  ¿Seguirá usted y su Partido, extendiendo sus manos hacia nuestro país? 

L-M -Mi compromiso personal y el del Partido Popular con la República Oriental de Uruguay se extiende en el tiempo y más allá del asunto concreto que ha motivado nuestra iniciativa parlamentaria. Ésta y su seguimiento no es sino manifestación de esa vinculación hermana con los uruguayos para lo cual nuestra especial relación con el Partido Nacional hace que se robustezcan nuestro afecto hacia una nación tan querida por nosotros. 

Más de 20 sentencias favorables a los derechos innegables que el Tratado otorga a los uruguayos que viven en España, ningún juicio perdido; una sentencia del Tribunal Supremo parecerían ser razones más que contundentes pero la inflexibilidad del actual gobierno español no parece tener en cuenta los Derechos Internacionales ni la recomendaciones de su propio Parlamento.  

*1 Jesús López-Medel Báscones, Diputado  del Grupo Parlamentario Popular en las VI y VII legislaturas, por Madrid en la última, por Cantabria en la VI.

Abogado del Estado, Profesor de Derecho Administrativo. Autor de diversas publicaciones y libros jurídicos. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.  

*2     El 21 de diciembre pasado la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España unificó el estudio de dos expedientes, presentados en diferente fecha por distintos grupos parlamentarios, referidos ambos al Tratado de Reconocimiento, Paz y  Amistad firmado por este país y Uruguay en el año 1870 y, a la situación de los ciudadanos uruguayos que residen en España. 

Se trata del  Expediente 161/000855*3  titulado “Sobre el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay” y presentado por el GIV, IU, ICV y G.P. el 19 de abril del 2005, y al expediente 161/001351 titulado “Relativo al reconocimiento del status de los Ciudadanos Uruguayos en España”, presentado por el Grupo Parlamentario Popular en este mismo mes.  

Por unanimidad se aprobó una Resolución que dice: 

¨El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, ante la controversia surgida acerca de la interpretación del Tratado de reconocimiento, amistad y cooperación de 1870 con la República Oriental del Uruguay, y las implicaciones de la legislación española, y de las obligaciones de España con le Unión Europea, así como de la diversa jurisprudencia española en esta materia, se aborde en el plazo máximo de cuatro meses conjuntamente con la autoridades uruguayas, en el marco de la Comisión de alto nivel prevista en el Tratado general de cooperación y amistad de 1992, la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables.” 

De los 120 días sugeridos como plazo han transcurrido, sin que se hayan movido fichas,  cuarenta y dos de una cuenta atrás que se asemeja más a una pulseada para vencer por cansancio y desidia que a una negociación en busca de soluciones. 

*3 A LA MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los Grupos parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente Proposición no de ley sobre el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Los acontecimientos políticos de los últimos tiempos, en especial los cambios de Gobierno en España y el reciente cambio en Uruguay con la victoria del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría el pasado mes de octubre de 2004 y la asunción presidencial del Presidente Tabaré Vázquez el pasado 1 de marzo de 2005, posibilitan que deba producirse una necesaria revisión estratégica con carácter urgente del cumplimiento del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad hispano-uruguayo de 1870.

Desde la aprobación del Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España de 1992, que en absoluto cuestiona los principios y la vigencia del Tratado de 1870, es necesario alertar que se han producido numerosas vulneraciones de los derechos de los ciudadanos uruguayos residentes en territorio español, que han sido sometidos a la legislación de extranjería y han visto denegadas en vía administrativa sus solicitudes de reconocimiento de los derechos a residir y trabajar en territorio español derivados del mencionado instrumento bilateral, ofreciéndoseles pues como única vía el recurso contencioso-administrativo, con la gravedad económica y temporal que conlleva.

Y ello, a pesar de la claridad del artículo 8 del Tratado («los súbditos españoles en la República Oriental de Uruguay y los ciudadanos de la República de España podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender al por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles, extraer del país valores íntegramente, deponer de ellos en vida o muerte, y suceder en los mismos por testamento o abintestato, todo con arreglo a las leyes del país en los mismos términos y condiciones y adeudos que usen o usaren los de la nación más favorecida») y la rotundidad de la jurisprudencia que confirma su vigencia.

El Senado uruguayo ha reconocido expresamente la vigencia del tratado del año 1870 y su no derogación por el Tratado del año 1992, y la formulación expresa de que los derechos reconocidos deben ser respetados por las partes firmantes del Tratado de 1870, declaración que hasta el momento no ha sido correspondida por otra en igual sentido del Gobierno español, en especial en la época del Gobierno del Partido Popular, que ha negado sistemáticamente y de mala fe, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos uruguayos amparados en base al artículo 8 del Tratado de 1870.

Asimismo, el Presidente de Uruguay Dr. Tabaré Vázquez, en su discurso inicial de investidura, reclamó públicamente el cumplimiento de los acuerdos internacionales y expresó su preocupación por los ciudadanos de la diáspora y la necesidad de combatir las causas económicas que generan la emigración. En este sentido, la cooperación económica con Uruguay se torna más necesaria que nunca, en base a fomentar el desarrollo de los sectores productivos que permitan un asentamiento de su población y un freno a las migraciones, que afectan en la actualidad, debido a las políticas neoliberales de los Gobiernos anteriores, a un 15% de la población uruguaya.

Tampoco debemos olvidar los antecedentes históricos, sociales, culturales y económicos que han unido a ambas naciones, ni el hecho que Uruguay haya recibido durante decenas a ciudadanos españoles, en una buena proporción de procedencia gallega, con las máximas garantías, condiciones legales y sociales, sobre la base de la aplicación y reconocimiento del Tratado bilateral.

Igualmente es destacable la integración social y laboral de los ciudadanos uruguayos en territorio español, con un arraigo muy fuerte en diversos puntos de la geografía estatal, y es precisamente, teniendo en cuenta este arraigo social y laboral, que numerosos colectivos de ciudadanos uruguayos en el Estado vienen reclamando en los últimos años el reconocimiento de sus derechos y mantienen una lucha activa en base a una plena integración legal, social y económica.

En las actuales circunstancias políticas de Uruguay y pasado un año del cambio de Gobierno en España, es necesario reclamarle al Gobierno español que reconsidere la posición asumida por la antigua administración, con relación al Tratado de 1870 y que se comprometa a garantizar el respeto y el cumplimiento de la normativa internacional vigente, representada en este momento por los Tratados bilaterales de 1870 y de 1992 y, en su virtud, que reconozca a todos los ciudadanos uruguayos los derechos que de los mismos derivan, incluido el de residir y trabajar legalmente en territorio español.

Por todo ello, se presenta la siguiente Proposición no de ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a respetar la legalidad internacional y a cumplir las resoluciones judiciales que confirman la validez y vigencia del Tratado hispano-uruguayo de Paz y Amistad de 1870 y, en su virtud, reconocer a los ciudadanos uruguayos el derecho a residir y a trabajar libremente en territorio español tal y como establece el artículo 8 del citado Tratado, sin imponerles la carga de recurrir judicialmente.

Palacio del Congreso de los Diputados Madrid, 19 de abril de 2005

Joan Herrera Torres Olaia Fernández Davila
Portavoz G.P. Izquierda Verde-IU-ICV Bloque Nacionalista Galego  

Almería, en el sur del norte, febrero 3 de 2006.  

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