La semana ha sido bastante movida a nivel político en España.  

¿Y cuándo no lo es? Gobierno y oposición están enfrascados en no dejar dormir en paz al contrario.  

Decir sistemáticamente ‘no’ a toda propuesta, diálogo, idea que provenga de las filas del contrincante político y si resulta medianamente similar a las propias, dar un rodeo para resaltar la diferencia, muchas veces única, que pudiera existir.   

La inmigración no escapa de ese tire y afloje continuo. La actual legislación ^*1 apunta esencialmente a regular el ingreso de inmigrantes a España.

No obstante, el gran dolor de cabeza, para el que parece no haberse encontrado un revulsivo eficaz,  ni en éste ni en el anterior gobierno,  siguen siendo los extranjeros que ya viven, malviven, trabajan o simplemente sostienen la economía sumergida de una España que más que recibirlos los utiliza.  

Los dos sectores en pugna: PSOE representado por el Gobierno (o a la inversa) y PP en  representación de la más dura oposición acaban de presentar sus propuestas en materia inmigratoria.  

En esas propuestas genéricas nos incluyen a los inmigrantes uruguayos porque ni uno, ni otro estando en el Ejecutivo han mostrado síntomas de tener interés en acatar el Tratado que España tiene firmado y vigente con Uruguay. 

El gobierno español quiere alcanzar el consenso total para realizar los cambios en la actual ley que pretende luchar contra la inmigración irregular y, a ésto si damos la bienvenida sin reservas, contra el tráfico de seres humanos y la explotación personal y laboral.  

El PP no acepta integrar la Comisión Parlamentaria que tiene el encargo de estudiar, evaluar y formular una nueva política migratoria ‘legal y ordenada’, si no se tienen en cuenta sus propuestas, entre las que figura la prohibición de volver a realizar regularizaciones masivas.  

Hay matices, hay más o es la necesidad que sienten ambas partes de lograr que las repatriaciones de inmigrantes irregulares tengan trámites más rápidos y que los que lleguen lo hagan con un contrato bajo el brazo. 

El presidente José Luis Zapatero apuesta por lograr para España una inmigración ‘desde la legalidad y los derechos humanos’ y ha dicho, refiriéndose a los inmigrantes,  que ‘nunca estaremos cerca de quienes ven bien que nos sirvan en los restaurantes y a partir de allí ya no existan como personas’, y reconoció que ‘la inmigración es enormemente positiva para nuestro crecimiento económico y necesaria para nuestro futuro’. 

Por su parte el presidente del PP, Mariano Rajoy denunció que lo que hace y dice el gobierno no es más que ‘un truco para lavar sus evidentes y gravísimas responsabilidades’. 

PARA MUESTRA BASTA UN BOTÓN 

Pero, siempre hay un pero en todas las cosas, la población se radicaliza mientras los políticos dicen y se desdicen, los medios de prensa apoyan y desaprueban la llegada de inmigrantes^*2 y en éstos buena parte del periodismo se ocupa de resaltar los problemas minimizando las bondades. 

Un solo ejemplo que comienza a resultar repetitivo en toda la geografía peninsular. En Almería, ubicada en una de las Comunidades Autónomas más abiertas a la inmigración como es Andalucía, y por situación y necesidad, una provincia en la que los inmigrantes han sido tradicionalmente bien recibidos, algo está cambiando. 

Se va a construir una nueva Oficina de Extranjería en San Luis,  uno de los barrios en crecimiento de la ciudad. 

Oficina que responde a un servicio esencial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y cuyos planos estipulan una superficie de 2.100 metros cuadrados – la más grande de España para esta finalidad – con amplias zonas de espera para 300 personas con lo que se pretende evitar la concentración de inmigrantes formando colas en el exterior. 

Pues la ciudad ‘de brazos abiertos’ parece sacar las uñas xenófogas y el barrio de San Luis ha salido a la calle con su alcalde a la cabeza, en protesta porque según aducen, una oficina de ese tipo ‘desprestigiará el barrio’. 

José Fernández, el alcalde en cuestión, trata de encausar la protesta aduciendo que no es cuestión de racismo sino de hacer lo mejor para todos, porque sencillamente, la zona no fue diseñada para esa finalidad. 

Explicación de lo inexplicable: ‘el barrio no está adaptado para las necesidades de los inmigrantes, que tendrán que pasar muchas horas a plena calle mientras esperan ser atendidos; es inhumano tenerlos así, necesitan un lugar techado

donde esperar, con servicios e, incluso con un bar para poder tomar algo’.

Y tratando de suavizar sus declaraciones que nos trae a la imaginación las prohibiciones que creíamos totalmente erradicadas sobre ingreso de inmigrantes a bares y lugares de esparcimiento, subliminalmente difuminada con la sugerencia de bares ¿exclusivos? para el sector menoscabado, el vocero y representante de los vecinos del barrio sugiere que ‘el mejor sitio podría ser el Puerto, donde existen los metros suficientes para albergar a todos los inmigrantes' , y decimos lo que el alcalde barrial no se atrevió, que también hay allí vallas para separarlos del resto de la población pero lógico, tal vez encuentren un buque que los lleve a otro país y quite el problema de encima porque como bien dicen los vecinos ‘además el puerto es un lugar estratégico de comunicación cerca del centro y de la estación de autobuses’ 

Por supuesto que no todos los almerienses piensan igual pero cuando el río suena, comencemos a salvar la ropa para que no se moje más allá que  desde la ONG Almería Acoge se consideró como totalmente incomprensible la oposición vecinal porque las nuevas oficinas son un servicio administrativo para ciudadanos que cotizan y conviven en Almería. ¿También porque todos tenemos similares derechos? 

No nos podemos seguir engañando. Nos necesitan pero nos rechazan, nos aceptan pero nos marginan y sobre todo, comienzan a temernos. Esto implica que una acción gubernamental más restrictiva en materia inmigratoria será bienvenida por la mayoría de la población española y esas restricciones serán totalmente convalidadas por la Unión Europea.  

^*1 -LEY ORGÁNICA 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.  

^*2 – Un estudio realizado por la Fundación de Cajas de Ahorros FUNCAS, señala que el 15% de la población española será extranjera en el año 2010 y en el 2015, el 27%. Al mismo tiempo establece que en la actualidad el 48% de los españoles considera que ya hay demasiados inmigrantes y el 58% relaciona el aumento de la inmigración con la inseguridad ciudadana.

Tan sólo el 74% de los españoles acepta que sus hijos compartan aulas escolares con hijos de inmigrantes.  

Almería, el sur del norte, octubre 13de 2006

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