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Hace algunos meses, Miguel Sebastián, por entonces
director de la Oficina
Económica del presidente del
Gobierno no tenía empacho en afirmar que la
inmigración ha tenido efectos muy beneficiosos para
la economía del país e incide directamente en más
del 50 por ciento del crecimiento económico de los
últimos cinco años,
pero como no todo pueden ser flores, también
reconocía que había espinas como que la masiva
afluencia de inmigrantes a España ha influido de
forma negativa en los salarios*1,
el déficit y la productividad*2.
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Hace menos de dos semanas decía el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales de España, Jesús Caldera, aprovechando
una rueda de prensa ofrecida durante su viaje a Ecuador,
que España necesita
contar este año 2007 con 200.000 inmigrantes,
nuevos trabajadores.
Y acá comenzamos con las incongruencias. Se necesitan
pero se expulsan. Traemos más pero rechazamos a los que
ya están aquí, muchos trabajando cobrando mucho menos de
ese 30 por ciento menos de salario que el convencional
para españoles, simplemente porque se les niegan los
papeles de trabajo.
Caldera, como todo el equipo de Gobierno ha reiterado
que los inmigrantes ‘deben
entrar con un contrato de trabajo gestionado en su país
de origen, para poder obtener la residencia’.
Y mientras el Consejo de Ministros aprueba un plan de
integración, destinado a mejorar la política en lo
social, lo educativo y sanitario,
relacionado con los inmigrantes; ANAED
(Asociación Nacional de Agencias de Envío de Dinero)
alerta que una orden del Ministerio de Economía que
entró en vigor el 12 de este mes, podría hacer encarecer
el coste del envío de remesas al extranjero hasta en un
50 por ciento*3.
Teniendo en cuenta que según los últimos datos ofrecidos
por el Banco de España, las remesas de inmigrantes desde
España hacia sus países de origen superaron en los diez
primeros meses del 2006, los 5.000 millones de euros*4,
no quedan dudas en cuanto a los inconvenientes que para
una clase poco pudiente puede ocasionar la medida.
Más allá de las trabas, las que los inmigrantes parecen
tener que acostumbrarse a sortear como paso prioritario
para acceder a un nivel socio-económico aceptable, hay
una realidad que hace que las medidas que el Gobierno va
adoptando y adaptando resulten hasta grotescas en
algunos casos.
La inmigración (legal e ilegal, si se le quiere
distinguir tan burdamente), sobrepasa en España el 13
por ciento de la población, una cifra superior a los
seis millones de personas, la mayoría de las cuales
ingresó al país entre el 2003 y el 2007.
Los datos aportados tanto por el Gobierno corroboran
estas cifras y establecen en 4.400.000 los inmigrantes
‘legales’ de lo que es fácilmente deducible que el otro
millón seiscientos mil individuos son ‘ilegales’.
Si los ‘ilegales’ no contribuyen con su aporte a
mantener el equilibrio de la Seguridad Social
e, incluso empujan a la baja el valor de los salarios y
el Gobierno considera a éstos, como un gravísimo
problema ¿porqué no disminuir su número regularizando a
los que ya están en España, antes de traer más
inmigrantes?
Ya en el año 2005 se tuvo que recurrir a una
regularización masiva para paliar el déficit de la Seguridad Social
y garantizar el cobro de las pensiones (jubilaciones) de
los españoles, con el aporte de los nuevos trabajadores
que no eran más que los viejos trabajadores de una
economía sumergida a los que la necesidad forzaba a dar
oportunidades.
Se está actuando como cuando se quiere castigar a un
niño que se ha portado mal. Le dejamos sin su porción de
torta, aunque ese pedazo tengamos que tirarlo por la
ventana, gesto con el que, alguien que no estaba en la
casa, podría tener ocasión de saborear el dulce.
La número dos del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega
fue tajante al
asegurar que se repatriaría a todo inmigrante
ilegal: ‘Repito,
que quede bien claro. Todo el que entra en España de
manera irregular, más tarde o más temprano saldrá de
España”
Y mientras ésto se afirma, se siguen fletando aviones y
prohibiendo ingresos en los aeropuertos y por la
frontera norte se cuelan más de los que se interceptan
por la sur, se sigue proclamando la necesidad que tiene
el país de incorporar trabajadores extranjeros.
Una inmigración regular, en la que cada individuo que
arribe lo haga con un contrato bajo el brazo puede ser
una utopía mientras gestionar un contrato en el país de
origen represente largas esperas, se sigan desconociendo
convenios internacionales, o una repatriación no sea
admitida como una violación al derecho de la humanidad
de desplazarse buscando trabajo y bienestar.
*1 – Sebastián afirmó que no obstante los puntos
positivos, los inmigrantes han presionado a la baja de
los salarios reales, ya que reciben sueldos que son el
treinta por ciento inferiores a los de los españoles.
Nos preguntamos si no corresponde al gobierno evitar lo
que puede considerarse un atropello laboral.
*2 -
Sebastián (proclamado después de estas declaraciones – y
no por ellas -
candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido
del Gobierno) manifestó que existe una significativa
relación entre el incremento del déficit por cuenta
corriente español y el aumento en la proporción de
inmigrantes en la población, hasta el punto de que
explican el treinta por ciento del déficit exterior
debido al efecto de las remesas.
Sobre la productividad, dijo que el impacto ha sido
moderadamente negativo debido a la menor experiencia y
la necesidad de los inmigrantes de adaptarse a una nueva
cultura.
*3 – La orden obliga al remitente a identificarse,
cualquiera sea la cantidad de dinero enviado y
justificar el origen de los fondos para envíos que
superen los 3.000 euros al trimestre. Ésto obligará a
las empresas remesadoras a contar con más equipos y
contratar más personal o pedir al existente mayores
esfuerzos, porque además se verán obligadas a guardar
durante seis años las copias de todos los documentos de
identidad que deberán aportar quienes envían dinero al
extranjero. Por su parte Economía rechaza esta tesis
aduciendo que la mayor parte de los envíos realizados
por inmigrantes no superan los 300 euros al mes.
*4 – Los principales destinos de las remesas enviadas
por los inmigrantes desde España son Colombia y Ecuador,
seguidos de Rumania, Bolivia, Marruecos, República
Dominicana, Brasil, Senegal y Filipinas.
Desde Almería, en el sur del norte, febrero 22 de 2007
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