No resulta el mejor momento para que los Ministros de Relaciones Exteriores de España y de Uruguay se enfrasquen en la negociación de un Tratado firmado hace más de 135 años. 

Y no lo es, no porque no sea necesario sino porque en Uruguay es verano, época de vacaciones; interrumpidas en esta ocasión por el hasta ahora problema y quizás muy pronto conflicto en toda regla, con la Argentina por la instalación de las fábricas de papel.  

En España el escenario político no necesita salir de fronteras para encontrar situaciones discordantes y, si mantener unida a España y tranquilos a los militares no ocasionara ya suficientes dolores de cabeza al Gobierno, desde el exterior los EEUU, entre comentarios extraoficiales y vetos, mantienen sobre ascuas al Canciller. 

Definitivamente, no es el mejor momento para distraer a los ministros; la situación exterior de los dos países puede ponerse como excusa porque simplemente, cuando una parte no tiene interés en dar solución a un problema, la otra encuentra que es casi imposible coordinar la agenda de reuniones.  

Recordamos que en febrero del 2004 los cancilleres Ana Palacio de España y Didier Operti de Uruguay, habían acordado de buen talante iniciar una ronda de conversaciones para dar solución al tema.  

¿Solucionar la situación de los uruguayos que han venido a España a trabajar y traer parte de su cultura traducida en una educación que está por encima de la media nacional? 

En este problema no hay nada que solucionar porque no hay más que dos opciones: cumplir con el Tratado Internacional de 1870, que ha sido reconocido por Jueces de distintos Tribunales, incluidos los del Supremo de España;  o no cumplirlo aduciendo que  en este momento no es posible porque los intereses españoles no son los beneficiados.  

El problema, si lo hay, es para España y radica en la falta de credibilidad que en el futuro pueden reconocerle cuando sus gobernantes firmen algún acuerdo o tratado internacional. Sin embargo y por la actitud asumida por este Gobierno, ‘el tema le cae flojo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus asesores en inmigración. 

PARLAMENTARIOS DE LOS DOS PAÍSES AÚNAN ESFUERZOS 

En el mes de diciembre los diputados uruguayos Jaime Trobo (Partido Nacional) y Enrique Pintado (Frente Amplio) mantuvieron una serie de contactos con legisladores españoles. La recepción fue muy buena, especialmente entre los representantes del Partido Popular. 

Precisamente fue el diputado Jesús López-Medel del PP quién presentó  una proposición no de ley para que la validez del Tratado de 1870 y la situación de los uruguayos en la península figurara en el orden del día de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España. 

La Comisión aprobó por unanimidad instar al Gobierno a iniciar un proceso de negociación según el Tratado de Cooperación y Amistad firmado en el año 1992 por los presidentes Felipe González y Luis A. Lacalle, que prevé la formación de una Comisión de Alto Nivel presidida por los Cancilleres de ambos países.  

La resolución parlamentaria instaba “al gobierno para que ante la controversia surgida acerca de la interpretación del Tratado de Reconocimiento, Amistad y Cooperación de 1870 con la República Oriental del Uruguay y las implicaciones de la legislación española y las implicaciones de España con la Unión Europea, así como de la diversa jurisprudencia española en la materia, se aborde en el plazo máximo de cuatro meses, conjuntamente con las autoridades uruguayas, en el marco de la Comisión de Alto Nivel prevista en el Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992 la cuestión del régimen de entrada, trabajo y residencia de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los criterios más favorables…”. 

Ha pasado un mes y no se han iniciado contactos para la formación de esa comisión.

Los Ministros de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Morantinos y Reinaldo Gargano no se han reunido y la negociación podría ameritar un tiempo superior a los tres meses que restan.  

Es en este punto, cuando los uruguayos nos sentimos indefensos ante la actitud del Gobierno de España, que aparecen un amigo. No es el único que tenemos en el Congreso. 

Jesús López-Medel se ha autoasignado el papel de vigilancia de que lo instado por deseo de los congresistas españoles sea cumplido.  

Su pregunta al Gobierno es directa: ¿Va a la Comisión que se formaría con ánimos de negociación o dando por sentado el no? 

Este viernes, 20 de enero, López-Medel eleva a la Mesa del Congreso de Diputados una nota preguntando por la situación, reclamando respuesta escrita. 

Por gentileza del mismo tenemos acceso al borrador del documento que hoy será presentado con las firmas correspondientes. 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. Jesús LOPEZ-MEDEL, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito. 

El 21 de diciembre, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó por unanimidad instar al Gobierno a que entre la controversia surgida a la interpretación del Tratado de Reconocimiento, Amistad y Cooperación en 1870 con la República Oriental de Uruguay se aborde en el plazo máximo de cuatro meses conjuntamente con las autoridades uruguayas, en el marco de la Comisión de Alto nivel previsto en el Tratado General de Cooperación y Amistad de 1992, la cuestión del régimen de entrada, trabajos y residencia en España de los ciudadanos uruguayos mediante la aplicación de los anteriores más favorables. 

         Ante tal previsión, y teniendo en cuenta la constante y reiterada jurisprudencia de diversos Tribunales españoles estimando las demandas de ciudadanos uruguayos, se formulan las siguientes preguntas: 

¿En la reciente orden de expulsión del ciudadano uruguayo Mykool Roul Pujal Medina, dictada por la subdelegación del Gobierno en Toledo se ha tenido en cuenta o, por el contrario, no se ha valorado el Acuerdo del Congreso y las inminentes  reuniones a alto nivel de ambos países para solucionar el asunto general? 

¿Dicha orden de expulsión, dictada con posterioridad al acuerdo unánime de todos los grupos, significa que la actitud del Gobierno español en dichas reuniones va a seguir petrificada por una interpretación muy restrictiva de dicho Acuerdo el cual tiene el rango de Tratado entre ambos países?

Madrid,  22 de enero de 2006º Bº

EL SECRETARIO GENERAL                       Fdo.: EL DIPUTADO

Desde Almería, en el sur del norte, a 20 de enero de 2006

Clic