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Tratar de informar sin desinformar no resultó tarea fácil
en materia emigratoria, desde que se anunció una nueva –y
según las autoridades, definitiva- regularización de
emigrantes hasta el momento en que ya aprobada la misma
por el Consejo de Ministros quedan establecidas
definitivamente las reglas a seguirse.
Mientras en pocas semanas las autoridades responsables de
regular el proceso dieron a conocer proyectos modificados
pocos días después y vueltos a modificar en no pocas
oportunidades, las organizaciones sociales que agrupan
emigrantes y defensores de los derechos civiles han
oscilado en sus observaciones respecto a las propuestas
desde un extremo al otro de la balanza.
En
este momento a poco de iniciarse el proceso siguen
habiendo diferentes criterios sobre la menor, mayor o
nulos beneficios que para los sin papeles acarrea esta
regularización.
Las
autoridades han estimado en 800.000 el número de
extranjeros que residen en forma ilegal en España. Algunas
ONGs consideran que esta cifra es muy superior y estiman
con temor y no faltos de razones, que un muy importante
número de indocumentados no podrán obtener los ansiados
‘papeles’.
El
Consejo de Ministros aprobó recientemente el
Real Decreto del Reglamento de
la Ley Orgánica
sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social’.
Se
trata ni más ni menos que la reglamentación de la
legislación ya existente y entrará en vigencia al mes de
su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado),
según las autoridades competentes, se pretende dar
prioridad a la inmigración legal y perseguir con eficacia
la emigración irregular.
Nada
se dice de qué solución darán a los ‘emigrantes
irregulares’ que una vez terminada esta opción de
regularización no hayan podido obtener la documentación
que les permita residir y trabajar en España. Seguirán
siendo ilegales ¿hasta cuando y como evitarán el ingreso
de la emigración irregular?.
La
regularización que entrará en vigencia en febrero y tendrá
duración hasta abril, es considerada por el Gobierno una
‘medida excepcional de normalización para que puedan
contratarse legalmente los trabajadores extranjeros que ya
se hallan en España’.
Un
proceso que estará vigente tan sólo tres meses desde la
aprobación y abarca a aquellos emigrantes que haga más de
seis meses que se encuentren en España y que además tengan
un contrato de trabajo real.
¿SE CONDENA A LA
CLANDESTINIDAD A MUCHOS INMIGRANTES?
El
presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía (APDHA) Rafael Lara, señaló como ‘una vergüenza’
el proceso de regularización extraordinaria que está
comenzar y que según Lara, ‘condena a la clandestinidad a
la inmensa mayoría de los sin papeles’ y denunció que lo
que se procura no es regularizar la situación de los
inmigrantes sino ‘legalizar puestos de trabajo no
declarados’ porque, dijo, ‘sólo se ve a la inmigración
como una fuente de mano de obra’.
Según
el mismo, la inmensa mayoría de los actuales sin papeles
quedará condenada a vivir en la clandestinidad. Señaló
especialmente en esta situación a los autónomos, casi
todos comerciantes ambulantes y a quienes trabajan para
ellos, sus familiares y a los que nunca se empadronaron
por miedo a ser detenidos y expulsados.
El
presidente de Apdha señaló que la institución seguirá
reclamando la reconsideración de la Ley de Extranjería en
su todo ‘ya que dentro de ella son casi imposibles los
avances de respeto a los derechos humanos’.
¿RECHAZO POR PARTE
DE LOS ESPAÑOLES?
El
Centro de Investigaciones Sociológicas presentó un
documento que con el título de ‘La actividad de la
xenofobia en España’ deja de manifiesto una preocupante
tendencia de rechazo hacia los emigrantes.
La
monografía en cuestión fue elaborada tomando como base las
encuestas realizadas por el CIS y ha determinado que el
rechazo a los inmigrantes se multiplicó por cuatro en los
últimos ocho años en los que pasó del 8 por ciento de la
población que en 1996 compartía ese rechazo a un 32 por
ciento al mes de mayo del año pasado.
Almería, el sur del norte enero 6 de 2004 |
