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Con
cada alegría de cada uruguayo cuyos derechos han sido
reconocidos por la justicia española a partir de la
validez del Tratado Internacional firmado por España y
Uruguay en 1870 y totalmente vigente a la fecha, nos
asalta la desazón ante las inoperantes acciones de los
sucesivos gobiernos uruguayos ante sus similares de
España.
Inoperantes ya que no han tenido respuesta positiva y me
permitiría suponer que casi nulas porque poco y nada
sabemos de gestiones que se hayan realizado (cuando el
presidente Jorge Batlle visitó España por principios de
este año) se llevaba la promesa de creación de una
comisión mixta que trabajaría sobre este tema pero los
meses pasaron, Batlle deja el gobierno y ni siquiera nos
hemos enterado (que si se hubiera formado esa comisión su
buena publicidad habría tenido) de que hayan habido ni
siquiera intentos de tomar un cafecito dialogando sobre el
asunto.
España sigue negando los tratados, indistintamente de si
su gobierno lo preside Aznar o Rodríguez Zapatero, la
firma de esos Tratados (no solo el rubricado con Uruguay),
le resultan tan urticantes como atrapar una planta de
ortiga con la palma de la mano.
Y es
que como ya se dijera ‘reconocer los Tratados sería
para España lo mismo que abrir las puertas a la
emigración’; y ahora opinamos nosotros, que firmar un
Tratado debería ser para los gobernantes de turno, antes
que nada un compromiso reconocido y como tal analizadas
sus consecuencias antes de estampar el nombre entre
flashes fotográficos y con declaraciones rimbombantes.
Seguro que no fue el caso del Tratado de 1870 ya que a lo
sumo habrá habido un fogonazo de magnesio pero lo cierto
es que éste ha dado más que hablar que el de 1992, que
después de todo no hace más que consolidar el anterior.
DOS CASOS
MUY RECIENTES
Una
jueza de Girona (Cataluña) reconociendo la validez del
Tratado de 1870 firmado entre Uruguay y España otorgando
iguales derechos que a sus ciudadanos a los inmigrantes de
cada uno de los países en el territorio del otro, condenó
a la Administración a retractarse en la negativa del
permiso de trabajo para una uruguaya que reside desde el
2002 en España.
La
Jueza Isabel Hernández Pascual, titular del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Gerona ordenó a la
Administración conceder el permiso de ‘Trabajo y
Residencia’ a Alicia Raquel Velázquez Ottonello, una
uruguaya que trabaja en Cataluña y asegura sentirse muy
bien y haber sido aceptada por los catalanes entre los que
cuenta con muy buenos amigos.
Esta
resolución se suma a otra, también reciente del ‘Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya’ (Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña) que en aplicación del mencionado
Tratado decretó la anulación de una orden de expulsión
dictada por la Subdelegación de Gobierno de Gerona contra
la ciudadana uruguaya Myriam Beatriz Martenz.
Myriam Martenz tiene lazos de ‘arraigo’ en España, donde
vive con su esposo y dos hijos, tanto familiares como
sociales y económicos.
EN VISTA
DE LO ANTERIOR ¿HASTA CUANDO?
¿Hasta cuando se deberá recurrir a los oficios de un
abogado para que sea la justicia la que otorgue lo que ya
es ley de obligado cumplimiento?
¿Hasta cuando nuestras autoridades seguirán actuando como
los tres monos sabios: sin ver, sin oír y sin hablar?
Almería, el sur del norte, 3 de noviembre 2004 |
