Entre el 12 y el 15 de noviembre pasado se reunieron en las ciudades de Paris y Saint-Denis, representantes de las más de 60mil personas que integran el Foro Social Europeo. No vamos a analizar todas las decisiones que se tomaron en ese encuentro ya que lo que egoístamente queremos rescatar hoy, es el apoyo que desde determinados sectores de la sociedad europea y más allá de las decisiones oficiales, se viene dando a los emigrantes.
		En ese encuentro el Foro Social Europeo hizo un llamado a favor de los derechos de todos los inmigrantes. Convocó para el 31 de enero de este año 2004, una “Jornada de acción en toda Europa” a favor de la regularización de los inmigrantes “sin papeles” y por el cierre de los Centros de internamiento de extranjeros:

 “Luchamos por otra Europa (…) una Europa abierta al mundo, que permita a cualquier persona circular libremente por ella y que reconozca la ciudadanía de residencia a todos los extranjeros que en ella habitan y que respete el derecho de asilo”.  

Desde entonces en una docena de  países de la Comunidad Europea se han venido realizado diversos actos y movilizaciones de solidaridad Y contra la discriminación que vienen sufriendo los conocidos generalmente como “ilegales”.  

Como demostración de esas discriminaciones y ya pasadas las fechas topes previstas para esas reivindicaciones los diarios siguen trayendo noticias preocupantes. Ahora nos acercan una información que quizás  por repetida no deja de preocupar: “Cientos de inmigrantes ilegales (en este caso 350 portugueses y 50 malíes) fueron explotados durante años en Candé (Francia)  por una empresa que los obligaba a trabajar más de 16 horas diarias en un régimen que la Liga de Derechos Humanos ha calificado como de esclavitud moderna”. 

En el caso de los trabajadores portugueses éstos viajaban a Francia atraídos por anuncios publicados en la prensa lusa ofreciendo trabajo en el embalaje con salarios de 1.500 euros que en destino se reducían casi a la mitad de la que los trabajadores debían reducir gastos de alimentación alojamiento y demás”.

PARTICIPACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES 

En España entre los últimos días de enero y los primeros de febrero, en distintas ciudades se han celebrado marchas de protesta y en algunos sitios charlas informativas. Resultaron un apoyo importante si bien no el suficiente para crear toda la conciencia que es necesaria a nivel social y político.  

En Madrid el llamado lo realizaron una veintena de organizaciones que integran la Red Ciudadana por la Igualdad. 

La Red Ciudadana por la Igualdad es una iniciativa que desde hace un año trabaja para cohesionar las actuaciones de diversas asociaciones que trabajan con y por los emigrantes, una lucha según expresan sus comunicados “por la vigencia de un Estado de Derecho que afecta a todos (los españoles)”.  

En las distintas ciudades donde tuvieron lugar los actos a favor de los derechos de los inmigrantes las consignas se unificaron en un total rechazo a la Ley de Extranjería y a sus sucesivas reformas, especialmente la que entró en vigencia en diciembre del año pasado y convirtió la situación de los ilegales que viven en España en un callejón prácticamente sin salida.  

La reforma en cuestión no aportó beneficios ni dio respuestas a los inmigrantes que llegaron a España y desde hace años intentan lograr la regularización de su situación. Por el contrario, pone a niveles difíciles de alcanzar los requisitos para la obtención de los permisos de residencia y trabajo y algunas de sus ordenanzas no hacen más que alejar  a los irregulares de los derechos a la sanidad, la educación, la vivienda o los servicios sociales y los empuja a hacia una explotación laboral que resulta irritante.   

El 22 de diciembre comenzó a regir en España una reglamentación que cerró las vías para la obtención de la documentación de las miles de personas que se encuentran en situación irregular. 

Dificulta la reagrupación familiar reduciéndola solamente a cónyuge e hijos que a su vez deben presentar contratos de trabajo. 

Aleja del territorio nacional las oficinas donde los emigrantes deben realizar algunos de los trámites imprescindibles desplazándolos de las oficinas de Extranjería a los consulados españoles en los países de origen de los involucrados.   

Prácticamente obliga a los transportistas a denunciar a los inmigrantes que permanezcan ilegalmente en el país ya que de no hacerlo pueden ser sancionados con importantes multas.  

Autoriza a la policía acceder a los padrones municipales con lo que muchos ilegales para evitar ser descubiertos como tales, omitirán el requisito de empadronamiento que es a la vez imprescindible para recibir asistencia sanitaria, educación y servicios sociales.                                      

“TRABAJO Y PAPELES PARA TODOS” 

Fue una de las consignas, hubieron muchas pero todas relacionadas con el mismo tema: “Somos trabajadores, no delincuentes”; “El padrón no”; “No a la Ley de Extranjería” y similares.

600 personas manifestaron en Madrid, cinco mil lo hicieron en Barcelona, seiscientas en Ibiza, medio millar en Murcia dónde la protesta se desarrolló en un ambiente festivo y familiar amenizado con música Folk, y encabezado por una pancarta que no dejaba lugar a dudas y repetía por todo el territorio español el mismo reclamo: “No a la Ley de Extranjería”.  

En Barcelona se leyó un comunicado que pidió la regularización de los 850 mil inmigrantes ilegales (otras cifras hablan de más de un millón) que viven en España (de los cuales 200 mil residen en Cataluña), sin que sea necesaria la presentación de una oferta de trabajo previa.

Decíamos que estas manifestaciones no alcanzan para crear la conciencia necesaria. Aún hay españoles que rechazan a los inmigrantes. No son una mayoría ruidosa y en muchos casos no se consideran dentro de ese grupo, pero la simple indiferencia es rechazo como lo han sido numerosas reuniones de colectivos que pretenden “ayudar” e “integrar” a los extranjeros y terminan siendo un “aquí te aviso” que las condiciones son éstas…. y el éstas implica: trabajo manual en la agricultura, la construcción o en cualquier sitio donde sean necesarios peones pero ¡Cuidado!, no intentes valorar un título universitario ni conocimientos de cultura general…

“Nuestro Ministerio no valorará ningún título de médico mientras haya profesionales españoles en paro”, se nos respondió cuando intentamos, con buena fe, hacer entender a un grupo de “amas de casa” que se reunían para “apoyar a la mujer emigrante” en Almería que se estaban “desperdiciando talentos” ya que había (y pusimos este ejemplo) pediatras trabajando como Canguros (niñeras).  

Almería (el sur del norte) 3 febrero 2004