España endurecerá los criterios de empadronamiento de los "sin papeles": otorgará al visado validez de permiso de trabajo; agilizará los trámites de expulsión de ilegales y comprometerá a los transportistas en la lucha contra la inmigración ilegal.  

La cuarta reforma de la Ley de Extranjería del año 2000, se aprueba este viernes, 23 de mayo, por el Consejo de Ministros de España. El Ejecutivo español pretende presentar al Parlamento una Ley consensuada entre todos los partidos. No obstante, la mayoría absoluta que tiene el Gobierno del Presidente Aznar le permitiría prescindir de apoyos extra partidarios para acometer los cambios propuestos.  

Las autoridades han señalado que lo que se pretende es endurecer las sanciones contra la inmigración ilegal y favorecer la llegada regular de extracomunitarios.  

Desde la oposición se critica como oportunista y electoralista la presentación  de esta reforma que ha sido propuesta en la última semana de la campaña electoral y es aprobada dos días antes de los comicios municipales.

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Y nuevamente el gobierno español parece dispuesto a erradicar la emigración ilegal, al menos, a hacer más difícil llegar a la madre patria… y permanecer en ella. 

En España hay tres clases de emigrantes, los que llegan atravesando el Mediterráneo en pateras, los que cruzan la frontera desde Francia y los que bajan de los aviones, entre éstos últimos se contabilizan los que arriban desde América: cubanos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos, peruanos y también los uruguayos. 

Hasta ahora ha resultado relativamente fácil burlar las trabas para quedarse en España. Se llegaba como turista con un visado por tres meses, se dejaba pasar el tiempo sin regresar y ya se estaba inmerso en esa enorme masa uniforme, sin documentación, sin derechos, con temor a ser descubierta, pero esperanzada en una casi utopía. 

Las cosas irán mejor mañana. Seguro que mañana encontrará trabajo. 

Pero no. Le piden una regularización que no tiene. Y los mañana se suman. Y un mañana debe dejar la pieza de alquiler y pasar a compartir alojamiento con otros siete compatriotas en un apartamento de un solo ambiente; y otro mañana el dinero se acaba y el trabajo considerado seguro no aparece. Y otro mañana hay hambre y se debe recurrir a la caridad para comer y las colas frente a las Oficinas de Migración son cada vez más largas y los añorados papeles cada día más difíciles de conseguir.

Al realizar el anuncio de la nueva reforma a la Ley de Extranjería, el Presidente Aznar señaló:

“…reforzaremos las sanciones para el control de la emigración ilegal y aumentaremos las obligaciones de los transportistas, porque no debemos olvidar que la principal entrada de emigrantes ilegales en España no son las pateras que circulan por el estrecho de Gibraltar o por aguas de las Canarias; la principal puerta de entrada de emigrantes ilegales en nuestro país son los aeropuertos…” 

Pero por otra parte, no es posible negar que España necesita de los emigrantes, no solo como mano de obra, también para salvar poblaciones y beneficios de los españoles de hoy.  

En España hay pueblos casi desiertos, con hasta un 80% de las casas deshabitadas y un 20% restante habitadas por personas mayores y ancianos.  

Están allí, como esperando a alguien que quiera trabajar la tierra. Que quiera producir y aportar a la Seguridad Social para garantizar la continuidad de las pensiones a los jubilados de hoy y del futuro.  

En España salen al mercado anualmente cien mil puestos de trabajo que no son absorbidos ni por españoles ni por emigrantes porque el cupo de inmigración es de veintiocho mil puestos al año. En un país donde la natalidad media es de un hijo por pareja y a edad no muy temprana, la emigración es imprescindible para evitar un grave problema demográfico.  

Legalizarla, pues,  es un derecho del país de acogida, y es también un deber.  

Ser legalizados es una ambición de quién solo aspira a una oportunidad y exige ser diferenciado de los delincuentes que se aprovechan de la irregularidad.  

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Cuando aún no se ha regulado después de la sentencia del Tribunal Supremo, la anterior reforma, se presenta un nuevo texto del que destacan como puntos más relevantes   

Se pretende ‘simplificar trámites’ otorgando al visado que expedirán los Consulados en los países de origen, validez de residencia y permiso de trabajo. 

El nuevo visado, que se otorgarán en base al cupo anual aprobado por las autoridades españolas, deberá contar con un informe favorable del INEM (Instituto Nacional de Empleo) donde deberá constar entre otros requisitos, el sector de actividad donde trabajará el inmigrante. 

Se pretende así simplificar la burocracia y eliminar las enormes filas de indocumentados que se apilan frente a las oficinas de Migración en las distintas ciudades de España. Por su parte las autoridades consideran que de esta manera se pondrán trabas muy fuertes a las mafias que trafican con los emigrantes.  

Desde  las organizaciones sociales se señala que será necesaria también la voluntad de los gobiernos en los países de origen para que no se negocie de las visas y surge por otra parte la duda de si se podrá cumplimentar eficazmente este proyecto que  necesita de la coordinación de tres Ministerios y organismos recaudadores como la Seguridad Social.  

El texto presentado incorpora nuevos requisitos para proceder al  empadronamiento de inmigrantes lo que se consideran un endurecimiento de criterios. Se quiere así evitar que los Padrones municipales se vean incrementados con personas que se encuentran irregularmente en España.  

Se incorpora a la Ley una serie de directivas europeas que permiten, entre otras, agilizar los trámites de expulsión de los irregulares. Esto significa que si cualquier país de la UE dicta una orden de expulsión y el inmigrante ilegal se ha trasladado a España, la expulsión se podrá llevar a cabo desde ésta.  

Las compañías de aviación y otros transportistas verán aumentadas sus obligaciones ya que se les implica directamente en la lucha contra la inmigración ilegal. 

Deberán facilitar antes del embarque las listas de pasajeros para que Migraciones la utilice en controles fronterizos. Asimismo se les exigirá que comuniquen a las autoridades cuando un viajero llegado a España como turista no haya retornado pasados los tres meses de validez de la visa.  

Pero no todo resulta negativo en esta reforma. Se incluye también un paquete de medidas legislativas que pretenden evitar los fraudes y abusos a los que a menudos se encuentran expuestos los inmigrantes, como, por ejemplo, puede ser la venta de permisos de trabajo o de cartas de invitación falsas para facilitar la entrada a España.  

Por último el Ejecutivo español ha redactado un nuevo texto de regulación del reagrupamiento familiar como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo sobre lo actuado al respecto en la anterior modificación.

La reforma de la Ley de Extranjería y ésta,  implican la necesidad de un mayor interés de los uruguayos en hacer valer los Tratados de Amistad y Cooperación de 1870 y 1992 entre nuestro país y España. 

No podemos olvidar que Uruguay no se cuenta entre los países favorecidos por el cupo de trabajadores emigrantes con los que ha firmado (otros) convenios el gobierno español.  

Pero hecha la ley, hecha la trampa y surge la pregunta: ¿Qué pasaría si un uruguayo viaja hasta Lisboa (por nombrar una capital de la UE) y desde allí en tren hasta Atocha (Madrid)? ¿Se encontraría en la capital española en el más perfecto anonimato? 

También puedo decir que me consta que en España hay varios bufetes de prestigiosos abogados instando contenciosos en base al contenido del Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay 1992/16157 del 23 de julio de 1992 y del anterior Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad del 19 de julio de 1870, validado por la ley 1.587 del 9 de setiembre de 1882, en plena vigencia.  

Almería, 23 de mayo 2003