Es muy difícil caminar solo, pero más difícil es no saber hacia donde vamos, y eso  es quizás lo que le esté pasando a nuestro país con el MERCOSUR.

Nadie discute las buenas intenciones que llevan a los hombres de estado a pronunciar notables piezas oratorias o prometer y firmar declaraciones que luego quedan archivadas por los siglos de los siglos. Todos recordaran la Carta de Canela firmada por los presidentes de Brasil Fernando Collor, Carlos Menem de Argentina, Andrés Rodríguez de Paraguay y Luis Alberto Lacalle de Uruguay. Fue en febrero de 1992 y la famosa Carta con exigencias y reivindicaciones regionales unificaba las aspiraciones del MERCOSUR.

El Documento de 11 páginas hacía hincapié en los problemas ambientales, un trato más tolerante con los países en desarrollo y el fortalecimiento institucional. Anunciado con bombos y platillos el Documento fue catalogado como histórico, teniendo en cuenta que estaba destinado finalmente para ser presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se reconocía desde el primer artículo que la crisis ambiental estaba amenazando la sobre-vivencia en la tierra señalando que “la protección del Medio Ambiente  y la conservación racional de los recursos naturales, exige el firme compromiso de todos los Estados del mundo para la realización de un esfuerzo coordenado  que asegure a las generaciones futuras las condiciones que hagan posible la vida en el Planeta. El esfuerzo que deberán realizar los países en desarrollo requiere recursos financieros adicionales y continuados, pero sobre todo en condiciones especiales  y más convenientes. La comunidad internacional debe comprender -señalaba la carta- que la protección del Medio Ambiente y la conservación de los recursos naturales no se oponen al progreso material ni al desarrollo económico. Al contrario son conceptos complementarios puesto que no es posible mantener la producción de bienes si no se protegen los recursos naturales. Es necesario un sistema renovado  de cooperación internacional para lograr un planeta  ambientalmente sano y un mundo social y económicamente justo. También se reafirmaba en el documento la importancia de la educación y de la formación de una conciencia y responsabilidad pública en lo que se refiere a estos problemas.

La participación de la comunidad, de las fuerzas vivas de la sociedad, de la juventud, de las organizaciones no gubernamentales, y los medios de comunicación deben incentivar siempre el conocimiento de estas practicas de conducta ambiental. Al margen de las leyes que se aprueben en los distintos estados será necesario establecer y aprobar instrumentos jurídicos internacionales que contemplen  la integridad de los recursos. Se destacó además en aquella oportunidad que estos instrumentos debían incluir, entre otras disposiciones, sistemas de observación ambiental  y de cooperación permanente  ante las alteraciones climáticas , el deterioro de la camada de ozono y los desgastes naturales  que provocan las erosiones. Se establecieron también deberes de Estado, de las personas físicas y jurídicas para definir responsabilidades internacionales para condenar las conductas ambientales de carácter ilícitas. Nadie dudaba en aquella oportunidad que se trataba de una Conferencia histórica  y de alta prioridad para el Planeta tierra que pretendía establecer bases sólidas para un acuerdo internacional donde se involucraran todos los países del mundo. Lamentablemente no fue así y la voluntad política fue más débil que los intereses económicos haciendo naufragar las buenas intenciones. Lamentablemente el presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle se equivocó en aquella oportunidad al señalar que “el tiempo de los discursos ha terminado”.

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