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Algunos acontecimientos registrados en los últimos meses
relacionados con hechos de violencia y que tuvieran su
relevancia en la prensa nacional han pasado al olvido
aunque algunas muertes continúan en el más absoluto
misterio.
Nadie puede negar que la población esté asistiendo a una
escalada de violencia contra la vida, contra el patrimonio
público y privado y también contra algunas instituciones.
Existe un vandalismo generalizado que coloca nuestra
sociedad en una lamentable condición de rehén de las
organizaciones criminales. Sin embargo cuando el trabajo
policial y de la justicia logra ponerles el guante surgen
como por arte de magia los Derechos Humanos protegiendo en
muchas oportunidades a los delincuentes. Pero si estos
asesinatos sucedieran en el entorno familiar de quienes
reclaman por los Derechos de los criminales que actúan sin
consideración con personas inocentes, otros serían los
argumentos esgrimidos.
Que pensarían si asisten a la muerte irracional y
fríamente calculada en una ruleta rusa que va quitando la
vida por el solo hecho de tener algo que puede
transformarse en droga o alcohol. Frente a esta realidad
confirmada por las propias autoridades con números
asustadores, pensamos que todo está perdido y que será muy
difícil encaminar nuestra sociedad para que nuestros
hijos, familiares, amigos y conocidos puedan disfrutar
plenamente de la felicidad sin necesidad de tener que
encerrarse mientras los verdaderos criminales andan
sueltos. Basta sintonizar los informativos para
encontrarnos diariamente con una violencia inusitada que
nos hace pensar que no estamos haciendo nada para
detenerla. Es posible que nadie quiera intervenir por
cobardía o por comodidad dejando que las autoridades
resuelvan el problema. No sabemos o no queremos saber el
número de asesinatos que se registran diariamente en el
país ni los muertos en accidentes provocados, ni los
mutilados o incapacitados que van quedando como resultado
de tanta violencia. No basta iluminar calles y baldíos
para evitar actos de violencia puesto que los mismos se
vienen registrando a la luz del día en la zona céntrica de
la ciudad. Poco importa si estamos más seguros que otras
ciudades y que los índices estén indicando algún punto
menor en las estadísticas. El tema no pasa por los
números, es mucho más profundo y lo único que importa es
demostrarle a la población que hay un estado que defiende
sus derechos a la seguridad.
Si bien la última palabra la tienen las autoridades
policiales y judiciales es evidente que los políticos
deben asumir su compromiso ante la ciudadanía proponiendo
las reformas que se reclaman en nombre de unos Derechos
Humanos más justos y que lleguen a toda la población.
Debemos luchar junto a las autoridades para terminar con
ese sentimiento de impunidad que campea por el país y al
cual no somos ajenos en esta frontera. Por supuesto que la
lucha esencial la deberá sostener la policía y las
autoridades judiciales, pero será necesario crear
condiciones con una sociedad más justa, con empleo, salud
y vivienda atendiendo las raíces sociales de la
problemática y mejorando las condiciones económicas de la
gente. Que no se tome esto como un atenuante, pero puede
ser un eslabón más en la cadena de violencia que campea
hoy por todo el país.
Chuy, setiembre de
2006. |
