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GOBIERNOS Y PUEBLOS
UN
TRIUNFO COMPARTIDO
Seguramente el 2004 ha de encontrar a las comunidades fronterizas
de Brasil y Uruguay mejor posicionadas para llevar adelante el
proceso de su más activa integración.
La afirmación no es antojadiza. Tiene sentido. Tiene su origen en
la sanción del estatuto especial de los residentes que,
procedentes de uno cualquiera de ambos países, viven en el otro,
en un área delimitada, con una antigüedad cierta, trabajando,
estudiando, o que revistan como beneficiarios del sistema de
seguridad social, en el lugar del cual proceden.
El instrumento jurídico alcanzado por las autoridades tuvo como
telón de fondo la inteligente movilización de toda la comunidad
fronteriza atlántica y de personalidades representativas de los
Municipios de Santa Vitória do Palmar, Chuí, Consulados, Cámaras
Legislativas, etc., más los aportes de otras zonas.
En las acciones emprendidas hubo unidad de acción y convergencia
para establecer que ninguno de los países aplicara criterios de
expulsión de aquellos brasileños y uruguayos que, habiendo
cruzado la línea de demarcación, se establecieron de hecho en el
territorio del hermano vecino, sin guardar las formalidades
legales.
Estos movimientos demográficos han sido recurrentes a través de
los tiempos. Obedecen a imperativos sociales y económicos. Desde
luego, no podían tratarse con acento policíaco, sin perjuicio del
imperativo de un contralor mínimo.
Las respectivas Cancillerías evaluaron que las restricciones
-originadas tras los atentados acaecidos en EE.UU.- no debían
operar para ciudadanos naturales de la región, personas laboriosas
y de buenos hábitos de vida. Sobre la base de la racionalidad,
elaboraron un proyecto actualizado que, sin vulnerar las normas
básicas de migración -de cualquiera de las dos naciones-
permitiera atender las peculiaridades históricas locales, con
fuertes acentos en las relaciones sociales y familiares.
Tras la aprobación del convenio entre los Estados, la nueva
normativa pasa a ser ley común, por lo cual los gobiernos la
pondrán en práctica, suponemos que en términos muy breves.
La seguridad jurídica fortalecerá las radicaciones existentes,
potenciando los vínculos entre nuestros pueblos.
Y puede abrir un amplio espacio para que las amistosas relaciones
que nos unen sean incentivadas por gobernantes, empresarios
inquietos y todos quienes sienten el imperativo de lanzar la
frontera uruguayo-brasileña a su futuro.
No a cualquier proyecto, sino a aquel que, con los equilibrios
necesarios, garantice el disfrute de los bienes del trabajo, con
justicia y bienestar para todos.
Saludamos el logro alcanzado por las comunidades fronterizas,
autoridades -nacionales y locales-, colegas de prensa y
representantes de entidades civiles y políticas que dieron un
magnífico ejemplo.
Se trata de un triunfo compartido, de un logro aleccionante.
Es tiempo de continuar explorando los caminos que esperan de
nuestra acción mancomunada.
Vayamos seguros, entonces, por las nuevas
metas. |
