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LOS FINANCIAMIENTOS PARTIDARIOS
EL CASO DINIZ
No tengo la menor duda que la renuencia de las colectividades
políticas a sancionar una ley sobre fondos partidarios y forma de
financiamiento de las campañas electorales repercute de manera
negativa sobre la democracia.
En Uruguay se creó un sistema que permite que el Estado
subvencione a las fuerzas participantes de una elección,
acreditando a favor de los partidos determinada suma de dinero
por cada voto obtenido.
El contribuyente carga con parte del peso de las campañas
proselitistas que, si bien limitadas en el tiempo, tienen un costo
muy elevado en dólares.
Nada se ha querido decir respecto del acceso a la televisión
-el medio más costoso por minuto-, ni de cómo se acreditan las
contribuciones nacionales y del exterior, que benefician a
candidatos y partidos.
Esos donativos “extrapartidarios” no son nuevos. Existen y
dejan rastros. Cuando no se ven no es porque no existan, sino
porque, simplemente, se ocultan. Y no hay quien arroje una
piedrita…
El compromiso con empresas nacionales o extranjeras crea bases
de supeditación posterior, debilita las políticas transformadoras
de nuevos signos. Alimenta la corrupción y la supervivencia del
“statu quo”, con las inveteradas “políticas de ajuste”. Esas que
pagan los más, que por una ineluctable regla de tres, son los que
menos tienen.
El flamante gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, desde
siempre crítico de la concusión y de la connivencia de los agentes
públicos con los privados, se vio sacudido en su núcleo con el
“affaire Diniz”.
Hace pocas semanas la Asamblea Legislativa del Estado de Rio de
Janeiro creó una Comisión Investigadora Parlamentaria. Allí quedó
develado que Waldomiro Diniz, asesor renunciante en el equipo de
José Dirceu -mano derecha de Lula en Palacio de Planalto-, había
recibido coimas del agente de apuestas (“bicheiro”, de “jogo do
bicho”) Carlos A. Ramos -alias Carlitos Cachoeira-, destinadas a
las campañas del candidato Geraldo Magela, del PT por el Distrito
Federal, de la también petista Benedicta da Silva y de Roseana
Garotinho, del Partido Movimiento Democrático Brasileño, esposa de
Garotinho, quien fuera candidato presidencial por el PSB
(socialista).
La pieza del escándalo fue el video presentado por el corredor
de apuestas, cinta que muestra a Diniz pidiendo una comisión del
1% en ciertas ganancias y contribuciones a la campaña electoral
del 2002.
Los juegos de apuestas en Brasil tienen conexión, en
determinados porcentajes, con sectores mafiosos.
La reacción del Presidente Lula fue rápida y saludable, aunque
inefectiva a la postre. Decretó la medida de suspensión de las
casas autorizadas para juegos de azar y tragamonedas. La Cámara de
Diputados lo acompañó pero, el Senado le puso el freno, votándola
en contra. Todo volvió a punto cero. De momento, tampoco habrá
legislación sobre la especulación con los sistemas de apostadores.
Tal vez, el Senado haya querido tapar la boca de otros
Carlitos Cachoeira, financiadores de candidatos y partidos.
La moraleja es clara. No sólo para los hermanos brasileños,
sino para los uruguayos: es imprescindible profundizar y asegurar
la cristalinidad de los procesos democráticos. |
