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Documento
fronterizo y seguridad jurídica
Hace menos de un año el Presidente de Brasil
visitaba Uruguay suscribiendo con su par un conjunto de
instrumentos, de indudable importancia para la progresión
de las relaciones binacionales.
En el cuadro de una activación de los contactos -que
juzgamos de verdadero interés para la región-, esa
práctica vuelve a cobrar acento con los recientes viajes a
Brasilia y Porto Alegre del mandatario oriental.
Uno de los puntos en tratamiento ha sido el apoyo dado por los
poderes ejecutivos de ambas naciones a un acuerdo denominado
“permiso de residencia, estudio y trabajo para los nacionales
fronterizos, brasileños y uruguayos”.
En la elaboración de dicho proyecto Itamaraty cumplió un papel
trascendente, encontrando disposición plena en la Cancillería de
Uruguay.
La concordancia compatibilizó los intereses de un sector de
pobladores de una “frontera amiga y pacífica”, con las necesidades
derivadas de los flujos migratorios y su imprescindible contralor.
El carácter “inédito y renovador” del proyecto, al que aludieran
los presidentes al concluir sus deliberaciones, se vincula,
asimismo, a la Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo.
Se trata de continuar escalando en asuntos calificados
“prioritarios” en áreas limítrofes brasileño-uruguayas. Ello pasa
por la cooperación en salud, educación, convergencia
policial-judicial, medio ambiente e impulsión conjunta de la
economía.
Sobre estas materias existe una labor plausible en esta parte de
la frontera.
Importa decir ahora que el último contacto de los presidentes Lula
Da Silva-Batlle Ibáñez ratificó lo antes actuado, quedando la
aprobación del “permiso de fronterizo” supeditada al Congreso de
Brasil y la Asamblea General de Uruguay, donde se están adoptando
las medidas pertinentes.
Para la gente laboriosa que, de un país busca en el otro sustento
por el trabajo, o facilidades para el estudio de hijos, nietos,
sobrinos o, simplemente una vejez más segura en suelo hermano, con
proximidad de parientes o amigos, la seguridad jurídica brindada
por un carné identificatorio local, es muy importante.
La conformación del registro que el mismo supone contribuirá a
conocer quién es quién en la frontera, regulando la circulación de
personas y, en cierta forma, de bienes.
Cabe inferir, por consecuencia lógica, que lo que resulte
beneficioso para individuos de costumbres saneadas, avecindados
en una pequeña extensión limítrofe, irá en apoyo de las
autoridades de contralor, particularmente de aquellas que operan
contra las viejas y nuevas formas del delito.
La seguridad jurídica dada por la documentación proyectada,
desde otro ángulo, puede verse -como lo vienen apreciando
legisladores municipales y departamentales de ambos países,
gobernantes locales y personalidades entendidas- como una
respuesta sensata e inaplazable. |
