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DE LA HISTORIA RECIENTE - Nota 4
ZELMAR
MICHELINI: EL PAPEL DEL EJÉRCITO EN EL GOLPE
El 6 de julio de 1973 el senador Zelmar Michelini fue
entrevistado en el Hotel Liberty de Buenos Aires. En dicho lugar
sería secuestrado el 18 de mayo de 1976 por sus asesinos.
A pocos días del golpe analizaba sus causas y señalaba las
responsabilidades del Ejército, de la siguiente manera:
SURGE LA JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
“Seguramente que
causas se encontrarán muchas; y hay muchas. Con el tiempo los
analistas, con serenidad, a medida que se vayan examinando todos
estos últimos años, encontrarán quizás las verdaderas causas que
motivaron este golpe.
Pero yo creo que el principal responsable es el Ejército, son
las Fuerzas Armadas. Y creo que sería un tremendo error juzgar
que, en todo esto, Bordaberry jugó un papel más importante que
las Fuerzas Armadas. No. Jugó un papel tan importante como las
Fuerzas Armadas, y el verdadero inicio de las cosas está en las
Fuerzas Armadas.”
Seguidamente se le pide si puede citar elementos de su tesis.
Contesta:
“Yo recuerdo, ahora, cuatro o cinco hechos fundamentales que
pueden dar la pauta. En setiembre de 1971, bajo el gobierno de
Pacheco Areco, después de lo que se llamó “El abuso”, esto es,
la fuga del Penal de Punta Carretas de 106 detenidos, el
presidente Pacheco encargó a las Fuerzas Armadas que, junto con
la Policía, en eso que se denominó Fuerzas Conjuntas, se
ocuparan de la lucha contra los tupamaros. Entonces, por primera
vez, aparecen en escena los militares, creándose por reglamento
algo que no existía hasta entonces, esto es, la Junta de
Comandantes en Jefe, que dio a los militares la posibilidad de
emitir comunicados, de emitir opiniones.
No obstante, bajo el régimen de Pacheco Areco -un presidente con
autoridad, que además tenía un evidente arraigo popular en
determinadas zonas-, y ya al término de su mandato, los
militares no tuvieron posibilidad de pulsear con la magistratura
civil.”
Y acota el entrevistador: “Pero esa realidad se modificará con
la llegada de Bordaberry al poder.” A lo que Michelini
reflexiona:
“Claro. En 1972, con Bordaberry, un presidente con
características muy especiales, sin prestigio personal, sin
prestigio popular, digitado por Pacheco Areco -que lo puso a él,
como pudo poner a cualquier otro-, las cosas cambiaron.
EL EJÉRCITO PIDE EL ESTADO DE GUERRA INTERNO
Se supo en aquel entonces, aunque muchos no lo creyesen,
que era el Ejército el que había pedido el Estado de
Guerra Interno, luego del 14 de abril, cuando fueron
ametrallados varios hombres del régimen, algunos de ellos
vinculados al Escuadrón de la Muerte: el mayor Motto, el
comisario Delega, el ex ministro Armando Acosta y Lara, etc.
¿Qué significaba la declaración del Estado de Guerra Interno? En
primer lugar, suponía la posibilidad de llevar a cabo acciones
militares y de reprimir, en la lucha contra los tupamaros, sin
estar sometidos a la estrictez de las normas constitucionales.
El Ejército para garantizar la victoria en la lucha que se le
encomendaba, pedía que no hubiese garantías constitucionales de
clase alguna. A eso accedió el Parlamento, en una decisión
catastrófica, en algo que nunca fue rectificado ni desmentido en
forma alguna y que era un poco la tónica del momento que se
vivía.
Cuando los comandantes en jefe iban a ver al presidente de la
República, después del 14 de abril, el 15 o el 16, para pedir
directivas en la lucha decisiva contra los tupamaros, recurrían
a quien era por mandato constitucional el jefe supremo de las
Fuerzas Armadas, el presidente de la República; este les
contestaba sin fijar líneas políticas.”
TORTURAS Y LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Sobre el papel del Parlamento, recuerda Zelmar Michelini:
“Con posterioridad a ese 15 de abril, la forma en que el
Ejército conduce la represión contra los tupamaros, fue objeto
de interpelaciones parlamentarias, de planteamientos a todo
nivel. Y, además, de una creciente denuncia por parte de quienes
estaban en conocimiento de los procedimientos que estaban
llevando a cabo los militares.
Toda la época de torturas, de apremios físicos y morales, todo
lo que significó el trato a los prisioneros, fue denunciado
reiteradamente en la Cámara de Senadores. Pero esto sirvió para
que el Ejército fuera consolidando una victoria que le iba
dando, además, una presencia en el escenario político nacional.”
Respecto a la pugna de los militares con la justicia civil, dice
Michelini:
“A los militares no les alcanzaba solamente con el Estado de
Guerra Interno, que suponía la eliminación de garantías
constitucionales. Ni les alcanzó llevar a cabo procedimientos
reñidos con la moral y la dignidad humana, como son las
torturas, sino que exigieron de Bordaberry y del Parlamento -y
lo obtuvieron en virtud de la influencia que Bordaberry tenía a
partir del apoyo derivado de un acuerdo político- la
instauración de lo que se llamó la Ley de Seguridad del Estado,
que en última instancia equivalía a entregar la justicia a los
militares.
Esto también fue solicitado por los militares. Los militares se
quejaban de que
ellos, (estaban) librando una lucha muy dura contra la sedición,
y que luego, en virtud de la benignidad del Código Penal y de la
forma en que los jueces aplicaban esa ley, los tupamaros salían
en libertad al poco tiempo, con lo cual, en la práctica, la
lucha se iba haciendo muy difícil. Entonces entregaron la
justicia a los militares. Y eso fue un paso atrás en la vida
cívica del país, acerca del cual nosotros advertimos en todas
las formas que pudimos (y) que denunciamos públicamente.”
EL EJÉRCITO ACALLA AL PARLAMENTO
Más adelante subraya el entonces senador destituido por el
golpe:
“…Esto no les alcanzaba. El Parlamento, en última instancia, era
una caja de resonancia demasiado sensible, un campo fértil en el
que abundaban las denuncias. Denuncias que luego eran recogidas
por organismos internacionales e iban creando en el exterior
toda una aureola alrededor del Ejército Uruguayo, una
aureola de indignidad y de desprestigio.
Así, las denuncias que nosotros hicimos fueron recogidas por las
Iglesias Protestantes de los Estados Unidos, por la Convención
de Abogados de Ginebra, por la Cruz Roja Internacional, por
todas las comisiones existentes en el mundo, fundamentalmente en
Londres y París, sobre derechos humanos individuales y
colectivos. Y con todas ellas se fue haciendo una carpeta
sumamente extensa en la cual se iban acumulando las pruebas
contra el Ejército. Pero todas esas denuncias se originaban en
el seno del Parlamento. En consecuencia, era necesario acallar
al Parlamento uruguayo porque éste era el que denunciaba las
barbaridades que se estaban cometiendo. …”
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