|
ABUSO DE PODER
Tras el tenebroso ciclo de las dictaduras militares,
establecidas bajo el imperio de la doctrina de la “seguridad
nacional”, se inició la restauración democrática. Se comenzaba a
andar un nuevo camino. Las Constituciones readquirían vigencia
en sistemas republicanos débiles, signados por el aplastante
peso de la deuda externa de los países latinoamericanos y
caribeños. Los partidos retomaron sus respectivos cursos, bien
impregnados por las concepciones neoliberales o signados por la
idealidad de los conglomerados de izquierda.
Muchas personas pensaron que la democracia, por su solo nombre,
sería la llave mágica con la entrarían a status nuevos, signados
por la igualdad de derechos, el bienestar y la justicia.
Hubo una readquisición de los derechos fundamentales, mas el
orden económico exterior e interno
no favoreció a los pueblos. El reparto de la torta, como
se dice, se mantuvo tan desigual como de costumbre. La
democracia no se profundizó con la acentuación de políticas de
participación y contralor ciudadano y, la bendita economía,
rindió culto al libre mercado, trabado desde afuera y limitado
desde dentro, con
buenas cuotas de pobreza, desempleo en auge y desesperanza.
En esta fase histórica la democracia empalideció y las
corrientes personalistas en el poder generaron impactos de gran
descrédito.
Más de un presidente latinoamericano, en un fenómeno nuevo,
debió salir del gobierno directamente para los tribunales.
Si bien los escándalos financieros no son síntomas de buena
salud, no es menos cierto que fue la ciudadanía la protagonista
de la expulsión de los corruptos y la que abrió las puertas de
las cárceles para los improbos y violadores de los derechos
fundamentales.
Vale hacer el repaso de algunos hechos que, si bien no
modificaron la situación de fondo, son indicativos de un nuevo
estado de conciencia a lo largo del continente.
En Argentina, Estela Martínez de Perón (1974-76) ha sido
requerida por su afinidad con
la “Triple A”. Carlos Menem (1989-99) estuvo preso cinco
meses imputado por tráfico de armas. Fernando de la Rúa
(1999-2001) imputado de pagar sobornos a los senadores para
sancionar una ley de desgulación laboral.
En Ecuador, Abdalá Bucaram (1996-1997) fue condenado por
peculado y enriquecimiento ilícito. Fabián Alarcón (1996-97) por
corrupción. Jamil Mahuad (1998-2000) por actos fraudulentos de
gobierno. Gustavo Noboa (2000-03) por corrupción. Lucio
Gutiérrez (2003-05) por peculado.
En Paraguay, Raúl Cubas (1998-99) procesado por corrupción. Luis
González Macchi (1999-2003) idem.
En Perú, Alberto Fujimori (1990-2000) huyó hacia Japón, imputado
por corrupción y violación de los derechos humanos.
En Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) fue desplazado
del poder por genocidio y violación de los derechos humanos.
En Uruguay, Juan María Bordaberry (1972-76) fue a prisión,
imputado por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini
y Héctor Gutiérrez Ruiz y otras personas.
La lista es más extensa pero, en todo caso, expresa que se
asiste a hechos
nuevos en la conciencia de la sociedad. Estas determinaciones no
tienen parangón en la historia anterior.
La democracia adquiere fuerza cuando los pueblos se determinan a
ejercer sus derechos y a vigilar la conducta de sus mandatarios.
De la profundización de la democracia, como de la participación
ciudadana son de esperar que asomen los cambios que
Latinoamérica precisa para alcanzar metas de prosperidad.
Digamos que no ha sido poco poner en el banquillo de los
acusados a quienes abusaron del poder.
|
