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PERIODISMO, PROFESIÓN DE RIESGO
Que el periodismo es una profesión altamente riesgosa lo demuestra
la macabra estadística de 2006, dada a conocer por el Comité para
la Protección de los Periodistas: 81 colegas asesinados junto a
otros 32 trabajadores de medios de comunicación; 871 detenidos;
1472 agredidos o amenazados; 912 medios censurados y 56
secuestrados.
RELATORIO URUGUAYO
El capítulo uruguayo fue analizado por la Asociación de la Prensa
Uruguaya (APU), la que resumió una serie de hechos que constituyen
violaciones potenciales a la libertad de expresión, libertad de
prensa y el derecho la información.
El informe señala que el 2006 no fue un buen año, deteniéndose en
el frente judicial al que cataloga como una fuente constante de
problemas para los periodistas.
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA
El año se mostró adverso para la libertad de expresión y no
registró mejoras en el sistema de garantías institucionales.
Recuerda el relatorio que el frente judicial trajo problemas al
dictar la Suprema Corte de Justicia (S. C. de J.) un fallo que
cambió la jurisprudencia del órgano sobre la libertad de
expresión, restringiendo las posibilidades de la investigación y
de crítica sobre actos de los funcionarios públicos.
Hubo, en efecto, una sucesión de fallos judiciales adversos a
libertad de expresión que han configurado un retroceso en materia
de garantías judiciales, lo que lamentablemente no ha acompañado
la evolución signada para otros derechos fundamentales.
Se recuerda el caso del periodista sanducero Víctor Dogliani. En
setiembre la S. C de J. revocó una sentencia absolutoria,
pronunciada por un Tribunal de Apelaciones. El colega había sido
denunciado en 2004 por el entonces Intendente Municipal de
Paysandú, Álvaro Lamas, a raíz de unas publicaciones que
informaban que el municipio permitiera que un estanciero pagara
sólo 30 mil dólares por cancelar una deuda que ascendía a los 322
mil dólares. En dicha sentencia la S. C. de J. revirtió la
jurisprudencia constante que sostuvo durante 10 años, por la que
había establecido una preferencia de la libertad de expresión por
sobre el honor, en especial de funcionarios públicos.
La jurisprudencia resultante se basa en una doctrina absolutamente
superada por restrictiva, la que establece restricciones en la
terminología que se puede utilizar al criticar a un agente público
y solicita un estándar de veracidad y exactitud para divulgar
casos de corrupción que, en los hechos, se convierte en una
limitación extrema para los periodistas.
MÁS CASOS
Un Tribunal de Apelaciones confirmó una condena de tres meses de
prisión en suspenso por delito de injuria de un periodista
contra el director de “La República”, aunque se encuentra
pendiente aún el fallo de la S. C. de J.
Varios colegas afrontaron procesos penales por ejercer su
profesión, aunque la mayoría de ellos fueron absueltos tras
afrontar un proceso penal.
Se cita como nota negativa la decisión del Ministerio de Educación
y Cultura de limitar el derecho a expresarse de los Fiscales.
OTROS HECHOS
Se verificaron dos amenazas de muerte, agresiones físicas de
distinta gravedad por parte de particulares, militares y
funcionarios a reporteros y varios casos de censura ejercida desde
la dirección de determinados medios.
La APU destacó su oposición a que periodistas sean citados para
ser interrogados sobre su trabajo a dependencias policiales, sin
la existencia de indicios que los relacionen con episodios
delictivos. Al respecto trajo a colación la situación de la colega
Loreley Nicrosi llamada a comparecer a la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia.
En relación a la citación judicial del Distrito Sur de Florida,
hecha al periodista Martín Sarthou por difundir una filmación de
una audiencia, destacó que los juicios son de interés de toda la
sociedad, por lo que deben ser públicos en cualquier parte.
También fue tratado el caso de un periodista al que el Instituto
Nacional del Niño y del Adolescente le abriera una investigación
sobre aspectos familiares.
GOBERNANTES
El informe repasa la mención que efectuara el Presidente de la
República sobre algunos medios a los que calificara como de
oposición, con lo que pareció rectificar su juicio -emitido al
inaugurar la sede de APU- cuando manifestara que la primera
obligación del periodismo y de los periodistas y su primera
lealtad no debe ser hacia ningún gobierno, sino hacia la verdad.
Destaca afirmaciones de legisladores y altos funcionarios
increpando a la prensa. Dichos hostigamientos, aunque más no sean
verbales, significan un desequilibrio que afecta la libertad de
expresión. No debieren provenir de quienes por sus funciones deben
estar sujetos al escrutinio público. El trabajo de los periodistas
debe ser respetado.
VALORACIÓN
No hubo avances en la revisión de la legislación que limita la
libertad de expresión y el derecho a la información, asuntos ambos
que siguen siendo objeto de reclamos históricos por parte de las
entidades profesionales.
Se caracteriza como hechos positivos que el Parlamento haya
comenzado a tratar los proyectos de ley de acceso a la información
pública y el de radios comunitarias y se esté considerando la
distribución en el uso de frecuencias con la asignación de una
onda a la Universidad de la República. |
