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REVUELO EN EL SENADO
En el Parlamento Uruguayo las secretarías no son ejercidas por los
legisladores, como en otros países. Estos cargos son ocupados por
funcionarios, de carrera o políticos.
Cuando llegado al medio siglo pasado la Cámara de Representantes
modernizó su Reglamento Interno dispuso, con buen criterio, que
sus secretarios fueran conocedores de la función legislativa, como
de los servicios del órgano. Optó no por improvisar y escogió que
fueran funcionarios de carrera.
Sin embargo, inmediatamente a la reintitucionalización democrática
de 1985, en Diputados, por disposición presupuestal comenzó a
escogerse para los dos cargos de secretaría -y para las
prosecretarías- personal político. Y, lo que pudo ser de
aplicación transitoria, se convirtió en norma. Y así se ha venido
rodando hasta hoy.
Las secretarías camerales manejan, con los presidentes que rotan
anualmente -salvo el caso del Senado que está encabezado por el
Vicepresidente de la República por toda la legislatura-, las
relaciones con los Poderes Ejecutivo y Judicial, órganos
autonómicos, entidades descentralizadas, los intercambios de las
mismas cámaras, etc. Tareas de especial delicadeza. Sus titulares
deben poseer solvencia en áreas del derecho constitucional,
administrativo, reglamentario y de otras ramas; experiencia ganada
y vocación para operar sintiendo la responsabilidad enaltecedora
de trabajar para el poder más representativo de la soberanía
nacional.
Las secretarías de la Cámara de Diputados, como la del Senado,
deben coordinar con extremo cuidado el funcionamiento de las
comisiones permanentes, especiales e investigadoras, en las que se
registra el principio de proporcionalidad para su integración.
Ellas están asistidas por funcionarios -secretarios, también-, que
algunas veces se han escogido por colores partidarios, aunque
entendieran poco y nada y les importara menos lo que tenían entre
manos.
Estas comisiones auxiliares tienen que estar organizadas
escrupulosamente. Por lo regular los presidentes conducen los
debates y audiencias. El acumulo de antecedentes, los informes,
los proyectos y sus ajustes -la mayoría de las veces- corren por
cuenta de estos otros secretarios. Qué sean seleccionados de modo
objetivo, bajo el principio de la carrera funcional y de la regla
que impone que estén “al servicio de la nación y no de una
fracción política”, seguramente, debe ser lo mejor. Aunque no se
haga siempre.
Si los miembros han de moverse al compás de la cabeza y
secretarios y prosecretarios se designan “a piacere” o a “dedo”,
lo que se sacrifica es la eficiencia en homenaje a la acomodación
de “correligionarios y amigos”. Se hace para que prevalezcan áreas
de influencia y control, se hegemonicen funciones. Los concursos
abiertos y cerrados, tradicionalmente no han tenido cabida en el
Poder Legislativo, con la honrosa excepción del cuerpo de
taquígrafos. Desde luego, ha habido funcionarios políticos
talentosos, quienes han procurado lo mejor para el servicio. Otros
que, por encima de la forma en que han accedido a su cargo,
elevan la función.
Las excepciones a la regla sólo pueden confirmarla. Y esto ha
costado entenderlo.
Estas anotaciones servirán para apreciar un episodio reciente,
ocurrido en el Senado. Esta cámara dedicó medio tiempo de una
sesión a debatir un hecho particularísimo, no registrado nunca.
Un suplente de senador, con la habilitación vencida para subrogar
al titular, por dos veces compareció a una comisión permanente
actuando como legislador, sin serlo. Nadie advirtió la
circunstancia, porque el contralor y chequeo de la asistencia no
lo hizo la secretaría de la comisión, ni la secretaría de
comisiones -si es que aún existe-, ni nadie de la secretaría
central de la cámara.
Denunciado el episodio como una alteración de las reglas de
funcionamiento del Senado, su presidente, Rodolfo Nin Novoa, fue
convocado a brindar una explicación. No pudo negar el hecho, trató
de bajar decibeles y prometió algo: “Se corregirá”. Una especie de
“téngase presente” o “a sus antecedentes”.
Si esto fuera así, o con más precisión, si va a ser así, existe la
posibilidad racional que los cargos de secretarios se concursen,
en forma abierta o cerrada. Que no sean más un premio por favores
partidarios.
¿Será suficiente la mayoría absoluta del Senado, más los votos de
la oposición, para que el Poder Legislativo en sus dos cámaras se
autovalore y a la vez honre el voto ciudadano, nombrando
funcionarios seleccionados por versación administrativa y
competencia? |
