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Los sucesos más relevantes de la región fronteriza, desde la óptica del interés público.

EL SECRETARIO PRESIDENCIAL

   El cargo de Secretario de la Presidencia es uno de los empleos de máxima confianza que discierne quien conduce al Poder Ejecutivo.

   Al que le corresponda esta función, independientemente del momento en que deba hacerlo, tendrá una ubicación privilegiada en el ámbito de gobierno. No sólo será la mano derecha del primer mandatario, sino que estará ubicado en una posición clave del territorio gubernamental.

   Tales circunstancias ameritarían que su nombramiento estuviera sujeto a exigencias especiales, aseguradoras de una regulación mínima. Esta previsión no obsta a la discrecionalidad que la Constitución le atribuye al Presidente, tanto para designar, cuanto para remover al funcionario (Art. 168/26. Const. Nal.).

   Lamentablemente, la normativa no existe. Y ello ha venido a ponerse de manifiesto en la flamante designación. No es un tema menor, de esos que pueda dejarse escapar sin algunos comentarios.

   Ante la todavía fresca interpelación pública, lanzada desde el Partido Nacional, el novel secretario, Dr. Gonzalo Fernández, quitó relevancia al cuestionamiento de que fuera objeto para desempeñarse como un agente visible del Poder Ejecutivo y, a la vez, mantener sus funciones profesionales de abogado activo.

   Sostuvo algo así como que el planteo podía ser un tiro por elevación contra el Presidente, que es un oncólogo especialista y ejerce labores en ámbito académico, en instituciones de salud y, según se le atribuyó en algún período, en empresas de servicios del ramo.

   Este punto no está en discusión, aunque el Dr. Fernández tiene derecho a pensar que de esto se trata.

   Tampoco entran en debate las incompatibilidades a que están sujetos los legisladores cuando son profesionales, ni las prácticas en que se ha denunciado habrían estado incursos algunos parlamentarios.

   No es de recibo decir, asimismo, que los asuntos que pueda personalmente tramitar el Dr. Fernández en causas penales -agregaría también en las laborales en que ha servido al Dr. Vázquez- puedan ser mínimas, debido a sus nuevas e intensas ocupaciones políticas.

   No se trata de la cantidad de bultos que menea profesionalmente.

   De fondo la cosa refiere al campo de la praxis del derecho, a los vínculos con la ética y a los de esta con la política. En este perfil aparece el pundonor que jerarquiza los estilos de la acción política.

   Del buen cuidado de estos aspectos se enaltece la actividad republicana al servicio de la sociedad.

   El país conoció los tiempos de la llamada “influencia directriz”, ejercitada desde las esferas del poder en beneficio de allegados, amigos, correligionarios y, aún, en causa propia.

   A la situación hace el viejo aforismo que señala que “Que al igual que el César, su mujer no sólo debe serlo, sino parecerlo”.

   Desde la presidencia se daría una impresión reñida con la sensibilidad uruguaya si se consintiera que este secretario está de manos libres para comparecer ante otros poderes y organismos, accionando a favor o en contra de determinadas causas como gestor directo, en su condición de abogado.

   Por un instante imaginemos a un personaje ejecutivo de este rango yendo y viniendo -por ejemplo- por los tribunales de justicia; ingresando a ámbitos sujetos a subordinación administrativa procurando informes o medidas; repartiendo sonrisas; gesticulando, manifestando desagrados; recibiendo pedidos, súplicas y, aún, reproches. O tan sólo, empleando el teléfono para menesteres de su actividad profesional.

   El chirrido no sólo abrumaría los oídos. Sería de una desprolijidad manifiesta.

   El Dr. Gonzalo Fernández seguramente ha pensado que el poder que concentra, como personero del Presidente, es un elemento de  inevitable y casi irresistible fuerza ante quien deba atender desde un simple reclamo a una exigencia mayor.

   Cae por su peso -no por lo que establezca la legislación, sino por la delicadeza  que supone  el ejercicio de su cargo- que ya tendría que haber deducido abstenerse como impulsor de asuntos profesionales desde la posición que ocupa.  

   Sorprendería que, en pugna con las nociones de ética republicana antedichas, insistiera en lo que sostuvo en la televisión y no se rectificara.

   No sería buen comienzo. Ni para él, ni para el Presidente. Ni para el país, que somos todos.

Walter Celina - Marzo de 2005  waltercelina@hotmail.com


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