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LA
CARRERA ADMINISTRATIVA
Escribe Walter Ernesto Celina*
La consideración del Presupuesto Quinquenal de la Administración
Central, del Poder Judicial y de varios órganos de gestión
descentralizada y autonómica, que van desde la educación hasta el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral y
Tribunal de Cuentas de la República, etc., da idea del papel
regulador de esta herramienta para la gestión del Estado.
El Presupuesto por Programas es, en teoría, una forma de prever y
de orientar la labor estatal en los más diversos órdenes de sus
actividades. La definición de objetivos y los pasos hacia sus
logros precisan ser ejecutados por administradores serios,
experimentados, profesionalizados.
Para ello existe la carrera civil, mecanismo de rango
constitucional que preserva los derechos del personal, en función
de su idoneidad y de una evolución razonable dentro de los
escalafones respectivos.
Es lo que muy juiciosamente he visto plantear en los medios
televisivos a delegadas sindicales de las dependencias de la
Aduana. Y, lo que ha sido su manifestación particular, no puede
sino entenderse como la necesaria llave que, en forma urgente,
abra los caminos para la jerarquización del trabajo en toda la
administración pública.
Citaré algunas experiencias pasadas, de carácter aleccionador. En
los años 54 hubo un congreso que, con apoyo de las Naciones
Unidas, permitió evaluar las deficiencias del aparato estatal. La
Facultad de Ciencias Económicas analizó después el caos
escalafonario y las disparidades en retribuciones y beneficios en
el poder central. El Cr. Juan Eduardo Azzini -introductor de la
nefasta reforma Cambiaria y Monetaria de 1959- no ha sido
recordado por su mérito principal: en el presupuesto de 1960
reordenó -basado en criterios técnicos generales- aquel
pendemoniun de escalafones. Finalmente, se daba un giro al sistema
de planillas donde los cargos se movían con sus titulares, tocados
por la varita mágica de los legisladores, oficiando de padrinos…
Sobre 1966 la Reforma Constitucional trajo los PPP (presupuestos
por programas) y se creó el Servicio Civil, con un sistema que
abría las puertas a la iniciativa de los funcionarios para
defender sus derechos y mejorar la administración. Luego, la
dictadura vino para alterar todo.
Reingresados a la democracia los progresos anteriores estaban
deformados, los gremios habían perdido cuadros experimentados y
aparecieron nuevas prácticas distorsionantes. Las declaraciones
de personal excedentario intercalaron personal con otras
especializaciones en las pirámides funcionales; comenzaron a
realizarse contrataciones de funcionarios jubilados y a
atribuírseles funciones de confianza política en perjuicio de las
técnicas. Por otro lado, se comenzó a contraer préstamos en el
exterior para financiar retiros incentivados. Se perdían cuadros
calificados, en tanto otros empleados competentes eran
desalentados al ser desplazados por los traídos con el dedo. Peor
aún, con cargo a contratos con deuda externa se inventaron puestos
-con bolsas suculentas- para amigos, hijos y parientes de miembros
de la “clase” política.
A todo esto, desde 1960, los listados del personal político y de
particular confianza, se iban ensanchando, más y más.
Un Presidente de la República le dijo a un grupo sindical: “Uds.
hagan como que trabajan, que yo hago como que les pago”.
Los funcionarios, reza la Constitución, “están al servicio de
la nación y no de una fracción política”, por lo que ampliar
las listas de los cargos de confianza no puede menos que asociarse
a un despropósito racional, a un apetito patológico o, a no tener
ideas de cómo poner al Estado sobre sus pies, para que camine.
Existe la reiterada preocupación por la inamovilidad de los
funcionarios de carrera, como si fuera la fuente de los males de
la administración. El no arrojar discrecionalmente para la calle a
un trabajador no es otra cosa que una garantía contra los
pechazos de los gobiernos de turno.
No es cierto que no haya posibilidad de sancionar a quien no
cumple o no sirve. La destitución puede darse por causales claras
de “ineptitud, omisión o delito”, previa garantía
constitucional de sumario en orden, vista y posibilidad del
ejercicio de defensa. Si al incurso en cualquiera de las tres
figuras anteriores no se le sanciona, el problema no es del
empleado: recae únicamente en la falta de capacidad del jerarca
del servicio, en el ministro del ramo o en el directorio de que se
trate, etc., es decir, en quien ha sido puesto para gobernar y
controlar, para ejercer un mandato.
En 1960 fui recibido en el Consejo Nacional de Gobierno por el Esc.
Faustino Harrison. Vivía este hombre la algarabía de la “reforma”
que mostraba en sus escaparates el FMI. Me dijo: “El
desideratum de la administración son los puestos por contrato”.
Igual que desde hace un tiempo se viene escuchando. ¿Para abrir el
paso a los supuestos inversores-benefactores hay que rebajar los
derechos de los funcionarios públicos?
Existe un coro que repite su letanía: No más presupuestados.
Cuanto menos carrera administrativa, mejor. Algunos piensan que es
óptimo tener al personal agarrado de las barbas, con contratos
precarios, inestabilidad y ningún derecho al ascenso reglado.
Pero, esto lesiona una buena administración. Alumnos aplicados
hacen prédica queriendo conjugar el verbo de la ganancia cómoda
para terceros, eliminando conquistas históricas para hacer más
vulnerable al asalariado. Estamos hablando de algo así como del
“¡Use. Después, tire!”. Tratan de imponer una administración “a
destajo”, poblada de contratos y contratitos. De obrar con las
manos libres, para que la pirámide de los méritos y las
capacidades quede como un recuerdo. Y se enseñoree la voluntad
unilateral de ciertos jerarcas. Malo, malo. Tales voces no
proporcionan una señal reconfortante.
Hay que reaccionar e impulsar la carrera administrativa,
revolucionando la operativa de un Estado que sea menos de lo que
es y más de lo que todos queremos.
Tutelar los derechos de los trabajadores nunca podrá mirarse como
una culpa, sino como una señal de una sociedad más justa,
reordenándose para crecer.-
*Fundador de las Mesas Unificadoras de funcionarios del Estado,
de COFE y CNT.
Ex Secretario parlamentario, asesor en legislación laboral y
presupuestal. |
